Iguazú (LaVozDeCataratas) De consultas a fuentes judiciales trascendió ayer que desde diciembre 2020 el área de Inspección del Poder Judicial recibió la denuncia por acoso laboral y que desde ese momento aún no se habría tomado ninguna determinación.

En la presentación al subjefe de Inspección, la empleada judicial solicitó “condiciones dignas de trabajo” y describió en tiempo y espacio las acciones que dañaron a la denunciante: “Desde 2013, desde que fue creado el Juzgado de Paz trabajo como auxiliar de justicia (…) Durante los primeros años todo se desarrolló con normalidad, pero poco a poco el funcionario (López) comenzó a entablar un vínculo demasiado próximo, haciendo comentarios inapropiados sobre mi vestimenta, así como también de algunas partes de mi cuerpo de forma indecorosa y con contenido sexual, los cuales me causaban incomodidad, miedo e inseguridad”.

En la denuncia, también manifestó: “Esta situación se prolongó por un largo tiempo y mi salud psíquica se fue deteriorando día a día, hasta el punto en que me vi obligada a solicitar licencia por recomendación médica”.

“La angustia y el estrés que padecí fueron inmanejables, puesto que en reiteradas oportunidades le manifesté a López que se detuviera, que sus comentarios no eran de mi agrado y que no correspondían al ámbito laboral, fue en ese preciso momento cuando las cosas empeoraron, ya que además de sufrir acoso sexual, ahora se le sumó destrato y hostigamiento permanente referido a mis tareas laborales”.

Remarcó que “en el 2019 me otorgaron licencia médica, reincorporándome a mis tareas como auxiliar principal técnico en noviembre de este año (2020). Al retomar mis funciones ya éramos tres en el Juzgado, el juez de paz, un abogado secretario y yo, supongo que por eso los comentarios indebidos hacia mi figura cesaron. Sin embargo, el maltrato y la humillación del magistrado continuaron”.

Como ejemplo de la denunciante señaló que una mañana el juez López le dijo “que no había agua de mesa para consumo, razón por la cual me ordenó que fuera al destacamento policial, a unos 150 metros de distancia y que cargase en mis hombros un bidón de veinte litros, sin reparar que cuatro meses antes me sometí a una cesárea y que además por ser mujer carezco de la fuerza necesaria para realizar semejante actividad”.

“Le pregunté si se estaba refiriendo a mí, a lo que López contestó con gestos arrogantes: ‘Agua, bidón, comisaría, vaya’. Cumplí con la orden aunque al llegar a la comisaría le pedí al oficial de turno que me ayudara a llevarlo. Cuando regresé el magistrado me preguntó con tono agresivo: ‘Quién le dijo que el oficial traiga el agua, yo le ordené a usted que lo haga’. Mi respuesta fue tajante: ‘Soy mujer, tengo una cesárea de cuatro meses y esa es una tarea más propia de los hombres que de las mujeres’”.

Públicamente me ordenó que abandone las oficinas y que aguarde afuera hasta que el me indicase para reingresar. Estuve parada durante toda la mañana afuera del juzgado a la espera de que se dignase a hacerme pasar”.

El maltrato no habría cesado y denunció a su vez que, el viernes 11 de diciembre del año pasado, López “públicamente y ante terceros me ordenó que abandone las oficinas y que aguarde afuera, hasta el momento que el me indicase para reingresar. Estuve parada durante toda la mañana afuera del juzgado a la espera de que se dignase a hacerme pasar”.

“Esa manifiesta animosidad y que permanezca afuera se debía a un mecanismo de humillación y de maltrato para menoscabar mi dignidad como trabajadora del Poder Judicial. Muchos vecinos me vieron en esa situación y se acercaron a preguntarme. Esta degradación, proceder malicioso del juez de Paz está afectando mi salud psíquica, anímica y sobre todo mi autoestima”.

Hace más de dos años

La denunciante, tal como lo señaló a este Diario, en 2019 presentó una primera queja cuando una inspección de rutina desembarcó en el Juzgado de Paz de Pozo Azul. Esta acusación sólo habría decantado en que le ordenaran licencia médica a la mujer de 30 años.

Los actos de acoso laboral que habría padecido al regresar a sus funciones fueron denunciados en diciembre de 2020 y desde entonces no se habrían advertido avances en el sumario administrativo.

Fuente: Primera Edición