La declaración de la «Emergencia Hídrica», instrumentada a través de un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, faculta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su carácter de presidente del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, a «delimitar las áreas afectadas por la emergencia».
De igual modo, el decreto instruye a diferentes áreas del Gobierno a adoptar medidas para «mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante».
Así, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo establecerán las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; Obras Públicas dispondrá y monitoreará la realización de obras de infraestructura; Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), planificará las medidas de apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), asistirá las poblaciones ribereñas.
En esa línea Ambiente y Desarrollo Sustentable mantendrá el control de incendios.
En tanto, el Ministerio de Transporte «observará las posibilidades de navegación y acceso a puertos; el Instituto Nacional del Agua brindará sus servicios técnicos con relación a la emergencia; la Secretaría de Energía, asegurará el abastecimiento de energía eléctrica y el Ministerio del Interior se encargará de la coordinación con las provincias afectadas».
Por su parte, el Banco Nación y la AFIP dispondrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente.
Asimismo, se define la suspensión de plazos administrativos en las regiones afectadas, según informó el Gobierno.
La bajante actual del Paraná es la más importante en el país en los últimos 77 años.
El déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del río Paraná y del río Iguazú y la sequía son factores determinantes.