Iguazú (LaVozDeCataratas) Por orden del juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, fue allanada hace pocas horas una vivienda en el barrio Villa Urquiza de Posadas donde una niña de 12 años habría sido llevada para que le practicaran un aborto clandestino, pero no precisamente como parte del protocolo ante casos de abusos sino para encubrir al supuesto abusador, su padrastro de 55 años detenido desde mayo pasado, tal como lo publicó el diario Primera Edición.

Investigadores de la Dirección Homicidios y peritos de la Policía Científica desplegaron el miércoles el procedimiento para relevar con fotografías el inmueble, tomar todos los datos escritos posibles y demás material que será cotejado con la víctima, oportunamente y bajo los cuidados para evitar la revictimización de la menor. De acuerdo a las fuentes consultadas por este Diario, la vivienda fue requisada y se hallaron elementos utilizados en una dependencia similar a un consultorio, pero no se hallaron notas o una historia clínica de la niña.

En cuanto a este último punto vale remarcar que puntualmente en este lugar se buscaron pruebas y evidencias para fundamentar el relato en Cámara Gesell de la niña, que confirma que fue abusada y apunta a su padrastro como el responsable pero también involucra a su madre como presunta encubridora del delito contra la integridad sexual para el que habrían llevado a este sitio para que se le practicara una intervención quirúrgica e ilegal, porque no fue denunciada y con la firme sospecha de haberse realizado a cambio de dinero, en condiciones de salubridad bajas o nulas.

Las mismas voces consultadas por este medio fueron concretas y afirmaron que la vivienda corresponde a un médico, fallecido hace pocos días, condenado tiempo atrás a diez años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en 1976.

Estaría descartado que el aborto practicado a la niña de 12 años se realizó varios meses antes que el médico falleciera. Por lo que no quedaría involucrado en la causa como imputado en el encubrimiento por estar extinta para la ley, en cuanto a su responsabilidad.

Lo que sí complicaría a la madre y padrastro de la víctima es que la niña coincida en su relato y cotejo con el material recogido por los investigadores y peritos en el inmueble del barrio Villa Urquiza.

El jueves 20 de mayo pasado un hombre de 55 años fue detenido por investigadores policiales en Garupá. Lo buscaron por orden del juez Verón por el delito de “abuso sexual agravado” de su hijastra de 12 años quien habría sido obligada a abortar clandestinamente y, se presume, con el consentimiento de la progenitora de la víctima.

El sospechoso con domicilio en el barrio Rocamora, fue atrapado en el acceso al casco urbano de Garupá gracias a un operativo con policías de civil apostados en lugares estratégicos, ya que el presunto abusador intentaba esconderse o escapar de la provincia.

La denuncia fue presentada ante la fiscal de Instrucción 3, Adriana Marcela Verónica Herbociani quien acompañó el pedido de aprehensión emitido por Verón pero también avanzó en los análisis para determinar la participación de la madre de la niña.

El denunciante es el padre (48) biológico de la víctima y habría recurrido a la Justicia apenas la menor le confesó lo que acarrea de padecimiento. La notó semanas antes en mal estado psicológico y comenzó a sospechar con mayor preocupación cuando notó trastornos hormonales en su hija.

La menor rompió en llanto y le relató lo sufrido. El progenitor de inmediato denunció, tanto el abuso sexual como el aborto clandestino al que sometieron a la víctima.

Con la versión judicializada, se realizaron los primeros análisis a la niña y se adelantó que habría padecido tal situación de abuso y manifestaba fuertes reacciones, traumáticas como rechazar ser revisada en sus genitales por médicos especialistas.

Bajo caución

La madre (44) de la niña abusada y sometida a un aborto para encubrir el delito, fue excarcelada ayer bajo caución juratoria y seguirá supeditada a la imputación de “encubrimiento de abuso sexual agravado por el vínculo”.

La determinación fue tomada por el juez de Instrucción 3, Fernando Luis Verón, quien dispuso una serie de requerimientos para que cumpla con el arraigo y disposición a la acción judicial en trámite.

Fuente: Primera Edición