Roque González: juez rechazó denuncia por ser los menores inimputables

La edad de los chicos denunciados, 15 años, fue clave para la decisión judicial. El abogado de una de las familias espera que la fiscal apele la resolución de Jiménez

En una resolución judicial de cinco páginas el titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos, César Jiménez, resolvió no hacer lugar a los pedidos de la fiscal correccional, María Laura Álvarez, en el caso que involucró a un grupo de adolescentes del Colegio Roque González de Posadas, que fueron denunciados por acoso sexual y hostigamiento hacia sus compañeras.

El magistrado consideró que por la edad de los menores involucrados, estos son inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal, aunque aclaró que “tendrán tratamiento tutelar y socioeducativo”.

De esta manera, rechazó que haya existido delito de distribución de material con contenido sexual, previsto y penado en los artículos 119 y 128 primer párrafo del Código Penal Argentino.

También rechazó una medida cautelar donde la fiscal pidió la prohibición de acercamiento a las víctimas e introdujo una petición para que se ordene al colegio que los menores mencionados continúen la currícula perteneciente on line, a fin de evitar que coexistan en un mismo espacio físico.

“Corresponde entonces, en orden al tratamiento de la presente, dejar claramente expuesto que estando frente a niños que aún no han cumplido los 16 años de edad, conforme lo dispuesto en el artículo 36 del Código Penal Argentino, ha de ser en definitiva declarado inimputable en la oportunidad procesal pertinente (…)”, sostuvo el magistrado en su escrito.

“Resulta insalvable que los involucrados, como ya se dijo, tienen 15 años de edad, por consiguientes son inimputables, y aunque tendrán tratamiento tutelar y socioeducativo, no son ni pueden ser sujetos a proceso penal. Por ello, entiendo que corresponde no hacer lugar a los requerimientos del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de evaluar algunas sugerencias de la fiscalía en tal tenor y como medidas alternativas”, agregó.

También a través de las redes sociales se viralizaron capturas de los chats donde los varones involucrados hablaban de sus compañeras en clara incitación a la violación y a la tortura. No obstante, la intimidación, los manoseos, fotografías a las partes íntimas de las jóvenes se sucedían desde el inicio de las clases y sin descanso, según contaron algunos padres a El Territorio.

Estos padres contaron que semanas antes a que todo salga a la luz las chicas habían presentado una nota al colegio enumerando las cosas que se vivían a diario dentro del aula y que ellos, como tutores, también se presentaron ante las autoridades, pero en ambos casos la acción de los responsables de la institución fue nula.

A raíz de esto, el jueves 28 de octubre por la noche el colegio Roque González sacó un comunicado expresando su pesar por los hechos ocurridos y el rector, Juan Rajimón, sostuvo en una breve conferencia de prensa el viernes que desconocía cuál era la situación actual dentro del curso y que las medidas disciplinarias a los adolescentes señalados como responsables sería comunicada a sus padres.

“A mí hija le tocaron la cola y ella hace tres semanas no quería ir más al colegio y pensé que era por otra situación, pero me confesó que era por esa razón. En mi caso hice una denuncia a la Policía, no me importa si son menores y no pueden ir presos; hice la denuncia para que quede asentado porque eso es un abuso”, había confiado a este medio la madre de una de las víctimas.

En tanto otro padre, reclamó: “Nos indignamos cuando ayer recibimos el comunicado del colegio, porque lo que dice ahí no es verdad. Ellos sabían y no hicieron nada”.

El viernes 29 frente al colegio un nutrido grupo de personas exigió respuestas de los directivos, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los colegios y una medida ejemplar para los chicos que acosaban a sus compañeras.

Por su lado, la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes lanzó un comunicado refiriéndose al respecto.

“Consideramos de vital importancia escuchar las voces de las y los adolescentes que han sido por años silenciadas y quienes hoy exigen ser escuchados, respetados, protegidos. Que sus opiniones sean tenidas en cuenta a través de su participación como sujetos de derechos, derechos que están garantizados constitucionalmente y en la Ley Nacional 26.061 como en la Ley Provincial II N° 16”, afirmaron.

Se supo también que ayer hubo una reunión entre estudiantes, docentes y psicólogos de la escuela donde se estableció dar de manera regular y en todos los niveles charlas sobre ESI, acoso y bullying, fomentar el respeto, promover la unidad de grupo, no ignorar hechos similares y realizar consultas con los psicólogos si así lo requieren los estudiantes, entre otras aristas que se abordaron.

Jiménez afirmó que “el conflicto en cuestión involucra liminarmente un asunto de política social, donde debemos determinar la forma en que deben ser tratados los niños, niñas y adolescentes, para ser reintegrados a sus familias, su escuela y su comunidad”.

Conocida la resolución, Miguel Cassettai, abogado de la familia que denunció los hechos ante la Policía, sostuvo: “creemos que el rechazo del juez es apresurado” e indicó que esperan que la fiscal apele lo dispuesto por el magistrado y la causa pueda avanzar.

En ese sentido, entienden que hay adultos responsables dentro de la institución educativa que no obraron adecuadamente ante los hechos que se dieron. También contó que ayer se le realizó una audiencia a la menor víctima de acoso y ahora aguardan los próximos pasos de la Justicia.

Los hechos

La denuncia de las estudiantes del 2° año del Colegio Roque González de Posadas contra sus compañeros de curso, que ejercían acoso y abuso sexual hacia ellas, salió a la luz el jueves pasado, cuando las alumnas llevaron adelante una sentada dentro del colegio, hartas de que no se las escuche y que estos varones sigan hostigándolas. La movida tomó tal relevancia en las redes sociales, que cientos de mujeres empezaron a darles su apoyo y a exigir respuestas.

Fuente: El territorio

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