En líneas generales, la política está funcionando mal y no está cumpliendo con su rol. Muchos dirigentes políticos no han tomado conciencia todavía de que el mundo actual atraviesa una gravísima crisis no solo económica, sino incluso una aún más grave crisis política, social, moral e ideológica. Por supuesto, muchos se comportan de manera honesta e infatigable, hacen muchísimos esfuerzos y tratan de manejar la situación de adversidad y unir a toda la sociedad en la lucha. Sin embargo, la mayor parte de la clase dirigente toma decisiones equivocadas. Reaccionan demasiado tarde. Sin la preparación necesaria para poder elegir una estrategia efectiva y acertada. No existe visión de conjunto.

Los pueblos, a su vez, comienzan a entender que aquellos encargados de llevar las riendas del futuro, aquellos que los dirigen, no hacen lo que deben, en el momento que deben. Observan que en escenarios complejos estos “hombres de Estado” se quedan un buen tiempo paralizados ante las decisiones por tomar; son incapaces de prever y de proveerse las herramientas necesarias para elegir la política más adecuada. Pueden notar que son demasiado débiles e inseguros y están sometidos a influencias perniciosas y que todo se reduce a objetivos e intereses políticos.
Superado un nuevo año electoral, en donde el propósito de salir a escuchar para estar más cerca de la sociedad quedó reducido a un slogan de campaña para las dos fuerzas nacionales que avivan y agigantan día a día la grieta, la clase dirigente puede advertir que el equilibrio es cada vez más precario y que la sociedad ya no tolera nuevos espectáculos de riñas en la cima del poder. Dicho esto, cada vez son más los analistas de opinión pública que advierten un enojo mayor de la sociedad con los políticos que con la política.

El régimen bicoalicionista en el que se ordenó hace tres años el sistema político argentino retroalimenta, estabiliza y refuerza aquella configuración disfuncional del vínculo entre las elites políticas y la sociedad.

Contrastes

La despiadada presencia del fuego en la zona litoral norte afecta sin distinción tanto a Misiones como a Corrientes, pero con fuertes contrastes.
En Misiones, el gobernador Herrera Ahuad recorrió durante toda la semana diferentes puntos de la provincia para acompañar y seguir de cerca la labor de los voluntarios en los lugares donde se focalizaron los incendios.

Asimismo, en un acto en Casa de Gobierno, el primer mandatario provincial y el Ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandié, rubricaron un convenio para la puesta en valor, reparación y equipamiento de la Brigada Base Apóstoles que operará en el marco del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y como parte del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

En el mismo acto, la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios y las asociaciones que la componen recibieron en manos del Gobernador subsidios y bonos solidarios para adquirir equipamiento para el combate del fuego.
Además, se anunció la compra de un nuevo helicóptero hidrante (el tercero de la provincia) y la incorporación, por primera vez, de dos bomberos voluntarios de comunidades mbya a la Brigada de Incendios Forestales.
Haciendo un rápido repaso de atrás hacia adelante, se puede observar la continuidad de un modelo de provincia cimentado con políticas públicas trazadas a largo plazo, que encuentra en más de una decena de leyes la firme intención e interés por la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y desarrollo sostenible. El resultado es visible, un tercio de la provincia se encuentra en estado natural de conservación. En el mismo sentido, diferentes reparticiones del Estado dan cuenta de esta ingeniería tendiente a transformar a Misiones en guardián de la selva: los Ministerios de Ecología y de Cambio Climático, el Banco de Germoplasma, el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio) y la Biofábrica.

Al pasar la frontera de la tierra colorada, el escenario es diferente, desolador. La catástrofe natural precedida por la negligencia, la desidia y el abandono por parte del gobernador correntino de Juntos por el Cambio Gustavo Valdés. El primer mandatario de la vecina provincia se mostró reacio desde el principio al abordaje del conflicto que derivó en ésta gran catástrofe ecológica en la zona del Iberá y que se extiende frenéticamente al resto del territorio provincial.

El intendente de Mercedes Diego Caram, ciudad en donde se originaron los primeros focos de incendio reprendió al gobernador macrista al expresar que “Valdés estaba de vacaciones en Punta del Este. Recién un mes después me mando un WhatsApp un ministro suyo.” El jefe comunal comentó que los incendios comenzaron en el mes de enero, y los primeros focos se hubieran podido sofocar si se actuaba rápidamente. Fue tan dramática la inacción provincial, que Caram tuvo que crear un “comité de crisis” local, sin respaldo ni apoyo de gobernador que se encontraba vacacionando fuera del país.

Recién una semana después, cuando Valdés volvió de vacaciones, decidió declarar la emergencia en la zona y pedir ayuda tardíamente en medio de acusaciones cruzadas con autoridades del Gobierno Nacional.
Según los últimos reportes, el fuego arrasó el 10% del territorio de Corrientes, consumiendo cerca de 800 mil hectáreas. Las llamas destruyeron los humedales de los Esteros del Iberá y se expandieron al sur de la provincia de Misiones.

La oposición en Corrientes sostiene que hace años el gobierno provincial no invierte en equipamiento, tal es así que la autobomba que se quemó hace una semana era del año 1994 y el avión hidrante consumido por las llamas era alquilado. Asimismo, desde la vecina localidad de Ituzaingó lo acusaron de apagar los incendios en la zona de San Gará, donde tendría una casa de fin de semana, descuidando el resto de las zonas aledañas.

El panorama en Corrientes es realmente desolador. Una provincia tiene muy pocas áreas protegidas y gran parte de su territorio quedó en manos de grandes terratenientes privados que plantaron pino y eucalipto sin seguimiento y control estatal. Asimismo, cobra bajos impuestos que favorecen la radicación de empresas privadas, pero pagando las consecuencias con la falta de recursos para invertir en las cada vez más deterioradas rutas y en el deficiente sistema eléctrico y de provisión de agua potable.

Recomposiciones salariales a la vista

El panorama económico en nuestro país es difícil, y el acuerdo en puerta con el Fondo Monetario Internacional se traducirá en una fuerte reducción del gasto público, condición principal impuesta por parte del organismo multilateral de crédito que prestó al gobierno de Mauricio Macri casi 45 mil millones de dólares.
Pese a ello, desde altas esferas del Gobierno de Misiones indicaron que los docentes y las fuerzas de seguridad tendrán aumentos en febrero y abril, como primer tramo, mientras que el resto de la administración pública tendrá una recomposición salarial en los meses de marzo y mayo.

En el ámbito educativo, la firma del acuerdo de paritarias con los gremios más representativos (nuclean al 95% de los docentes) garantiza el comienzo de clases en la provincia normalmente. Quienes agrupan a la menor cantidad de adherentes se mantienen en su intransigencia. Por su parte, los sindicatos con mayor cantidad de afiliados históricamente se han mostrado más propensos al diálogo y comprensivos de las diferentes vicisitudes de la economía argentina. En el caso de los demás, el conflicto gira en torno a las altas exigencias, que si bien siempre fueron oídos por el Gobierno Provincial, en caso de acceder a los mismos se generaría un desfinanciamiento del Estado que no tendría recursos para afrontar el pago del resto de los salarios de la administración pública o debería recortar gastos millonarios en otra áreas sensibles, más aún en contextos de pandemia.

La postura unánime de los padres a favor del inicio normal de clases, algo habitual en Misiones, es una cuestión que pondrá a los gremios más intransigentes en la mirada crítica de la sociedad. Las familias misioneras aguardan el inicio de clases y la vuelta de la rutina escolar con total normalidad.
A nivel provincial se prevé un año difícil desde el punto de vista económico, en donde será vital el rol del gobierno misionero que viene manteniendo a lo largo de los años un manejo coherente, responsable y austero de los recursos públicos.

(*) NICOLAS MARCHIORI – Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Posgrado de Especialización en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político – CAEP (Colombia).-