Iguazú (LaVozDeCataratas) Un sistema judicial capacitado en perspectiva de género que proteja realmente a víctimas de violencias es el desafío en marcha del Estado argentino a partir del compromiso que asumió ante Naciones Unidas, que incluye un pedido de disculpas público a Olga del Rosario Díaz, la mujer que inició este proceso, hecho histórico que se concretará este jueves.

El 24 marzo de 2017, la mujer fue atacada por el padre de sus hijas y terminó internada en terapia intensiva durante 45 días.

Ella había realizado denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y su causa estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85, a cargo de Félix G. de Igarzábal, que sigue en su cargo.

Pero las denuncias de Olga no fueron escuchadas debidamente, no se tomaron las medidas adecuadas y ella no fue protegida.

«El resultado de esas pésimas intervenciones previas no fue letal por milagro», dijo a Télam la abogada Raquel Asencio, a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa (MPD).

Fue desde ese organismo que se acompañó a la mujer en su denuncia al Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw, en inglés) por no haber respondido a todas las denuncias que ella hizo.

El trabajo del MPD, que preside Stella Maris Martínez, se hizo desde la Comisión de Género, junto al Programa de Asistencia y Patrocinio a Víctimas de Delitos, en la causa penal que se le siguió al violento, y junto al Programa de Aplicación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en la instancia de litigio internacional.

El violento, Luis Palavecino ,fue condenado a 20 años de prisión y está cumpliendo esa pena.

El Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, se firmó el 23 de octubre de 2019, e incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.

La historia de Olga es la de cientos de mujeres en el país, pero ella abrió un camino único con su decisión de recurrir a instancias internacionales: que el Estado reconozca errores que cuestan vidas de mujeres y defina medidas de reparación para que no vuelvan a suceder.

Es un caso «paradigmático» definió Asencio, porque «se constataron muchos de los déficit que se presentan en el sistema judicial cuando una mujer requiere medidas de protección».

Y coincidió Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que destacó a Télam que la situación que atravesó Olga «refleja de manera contundente la falencia y deficiencia de las intervenciones judiciales» porque «violas compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos» y «son contrarias a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para las víctimas de violencia de genero en los procesos judiciales que las involucran».

La ministra enfatizó que «es necesaria y urgente la reforma del sistema de justicia actual para que incorpore la perspectiva de género tanto en su estructura como en sus actuaciones».

El Estado argentino, al reconocer su responsabilidad internacional, se comprometió a adoptar «medidas de no repetición», destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia de género.

Hasta ahora, el Poder Judicial sólo cumplió parcialmente algunas de estas medidas, como la evaluación de conocimientos sobre género para quienes quieran acceder a ser jueces o juezas, tarea a cargo del Consejo de la Magistratura del cual no hay más información, y la creación de un registro de jueces denunciados por violentos que está en vigencia.

Están en proceso o pendientes las capacitaciones a integrantes del Poder Judicial y de la policía, la elaboración de un Protocolo de Articulación Institucional para coordinar las intervenciones en procesos de violencia; el dictado de Principios Generales de Actuación para las intervenciones judiciales, y la ampliación del patrocinio gratuito y especializado a víctimas de violencia de género.

Otro de los puntos cumplidos es la aprobación por parte del Ejecutivo del Acuerdo, lo que ocurrió el 17 de agosto de 2020 mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679.

Sobre el rol estatal, Gómez Alcorta ratificó que el Ministerio a su cargo «está abocado a trabajar de manera integral en la implementación de políticas para prevenir y abordar las violencias de género».

«Este gobierno, tal como lo demostró desde el día en que inició la gestión con la creación del Ministerio, jerarquizando las políticas de genero, tiene la decisión política de hacerse cargo de esta problemática y trabajamos para que no hayan más casos como el de Olga», añadió la ministra. El jueves Olga recibirá disculpas.

El acto será a las 11, en formato online, coordinado por de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Consultado por Télam, Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, señaló que «sin duda este acto tiene un valor simbólico muy importante para Olga. Pero, en ella también se representa la situación de muchas otras mujeres, que han vivido hechos como este».

Telam