La administración de Joe Biden anunció un cambio en la política de arrestos relacionados al estatus migratorio en los Estados Unidos. La prioridad, a partir de ahora, será arrestar a aquellos que representen un riesgo para la sociedad -es decir, que tengan infracciones penales- limitando así las detenciones por motivos de estatus de inmigración irregular.

Los agentes de ICE ya no estarían autorizados a realizar arrestos rutinariamente en cortes de inmigración bajo el mérito de no poseer documentos migratorios en Estados Unidos, tal como ocurría frecuentemente hasta ahora.

Según el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, esta práctica desanimaba a muchas personas a asistir a las audiencias judiciales y a cooperar con las autoridades. En muchos casos, esas mismas audiencias estaban relacionadas a su estatus migratorio y muchos no asistían por miedo a ser arrestados allí.

Alejandro Mayorkas. REUTERS/Kevin Lamarque

Esto no quiere decir que los agentes de ICE tengan totalmente prohibido realizar arrestos en cortes. En casos en los que la persona represente un riesgo para la sociedad, esté involucrada en asuntos de seguridad nacional, sea objeto de una persecución activa o las autoridades sospechen que pueda destruir pruebas en un caso penal, las personas pueden ser arrestadas por los oficiales de inmigración en una corte.

“La expansión de los arrestos en por casos de inmigración en los juzgados durante la administración anterior tuvo un efecto paralizador en la voluntad de las personas de acudir a los tribunales o de trabajar en cooperación con las fuerzas del orden”, declaró Mayorkas durante el anuncio de la nueva medida.

El objetivo, según el funcionario, es “equilibrar la administración de justa justicia con la aplicación de la ley de inmigración”.

Durante la anterior administración se argumentó que el alza en el número de arrestos en cortes fue la consecuencia de las llamadas ciudades santuario (municipalidades que decidieron proteger a los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio). Según los funcionarios, las autoridades locales se negaban a cooperar con ICE y no entregaban a los migrantes inclusive si presentaban un peligro para la sociedad. La prioridad era detener a quienes generaban un riesgo a la seguridad pública, como miembros de pandillas, pero no limitaba a eso el poder de los oficiales. El resultado fue que se generaron detenciones rutinarias inclusive entre personas sin antecedentes penales.

Si bien un cambio en la ley migratoria solo puede llegar a través del congreso, la administración ejecutiva del país puede hacer modificaciones en la implementación de la ley, tal como se ejemplifica con el reciente anuncio.

Si bien algunas de las medidas implementadas por la administración Trump están siendo revertidas, otras como la denominada “título 42”, se mantienen. Se trata de una orden de salud pública que autoriza a aduanas y protección fronteriza a expulsar rápidamente a la mayoría de las personas que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos. En la frontera, además, han lanzado la Operación Centinela, que tomaría medidas enérgicas contra el tráfico de migrantes imponiendo sanciones financieras y de viaje contra los traficantes.