Foz do Iguaçu (Paulo Bogler) Organizada por la Asociación para el Desarrollo de los Deportes Extremos y la Ecología (ADERE) y por un colectivo de ambientalistas, la manifestación se produce cuando se da la urgencia del Proyecto de Ley (PL) 984/19, de la Diputada Federal Roja (PSD-PR). siendo procesado. La propuesta pretende cortar a la mitad el parque que alberga las Cataratas del Iguazú.
Los participantes del acto público recorrieron las pasarelas que conducen a los principales puntos de visitación y saltos a las maravillas mundiales de la naturaleza. Exhibieron enormes pancartas con el mensaje # EstradaDoColonoNão e inscripciones denunciando el proyecto del congresista de Paraná.
Los ambientalistas consideran la iniciativa una maniobra legislativa para reabrir un antiguo camino en el parque, cerrado por orden judicial hace dos décadas. La carretera ilegal se encontraba entre Serranópolis y Capanema, en el oeste de Paraná, y había sido ampliamente utilizada para transportar actividades ilegales.
Para las organizaciones de protección ambiental, el PL es una autorización para la deforestación de la Mata Atlántica, en una extensión de 17 kilómetros lineales. “Esta carretera propuesta por el diputado Vermelho rompería por la mitad el Parque Nacional Iguazú”, denuncia el gerente de ADERE, Raby Khalil.
Sería un revés con daños al medio ambiente y al desarrollo y al turismo de la región, continúa. “El título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por Naciones Unidas, factor que contribuye a la atracción de visitantes ya su conservación, estaría en riesgo con la intervención en un área intangible del parque”, enfatiza.
“Queremos sensibilizar a los diputados federales y a las fuerzas políticas para que den un vuelco de inmediato a este proyecto”, explica Raby Khalil. “Pero estamos dispuestos a llevar la defensa del Parque Nacional Iguazú y nuestra singular biodiversidad hasta sus últimas consecuencias, sin miedo a radicalizarnos”, concluye la activista.
Carretera, no la queremos en el Parque
La directora ejecutiva de la Red Pró-Unidade de Conservação (Pró-UC), Angela Kuczach, desmantela el falso argumento de que el objetivo es construir una avenida. “El diputado Vermelho quiere construir una carretera que atraviese el Parque Iguazú”, señala.
Según ella, el proyecto es un engaño, una distorsión de conceptos que afectará negativamente a los 14 municipios aledaños a la unidad de conservación. “En cualquier lugar del mundo, un camino de parque es un camino que sirve para proteger una belleza escénica, nunca un camino que parte un parque por la mitad, deforestándolo”, señala.
“Si el objetivo del diputado fuera promover el desarrollo, trabajaría por la duplicación de la BR-163, que une Francisco Beltrão con Cascavel, que permite el flujo de productos y carga”, afirma. “Otra forma es apoyar los beneficios del turismo defendiendo el parque y no fomentando su destrucción”, subraya Angela Kuczach.
Lanzamiento general para carreteras
Miembro de la organización medioambiental WWF-Brasil, Warner Bento Filho afirma que no hay justificación para tratar el asunto de forma pisoteada. “Es un proyecto que permite la apertura de caminos en todas las unidades de conservación de Brasil, lo que representa una amenaza sin precedentes”, declara.
Las personas y la ciencia deben ser escuchadas, argumenta. “No tiene sentido abordar este asunto con urgencia en un momento en que el presidente del IBAMA está fuera de su cargo, el ministro de Medio Ambiente está prácticamente en libertad y una comisión estudia el fin del ICMBio”, enfatiza el especialista en políticas publicas.
El director ejecutivo del Observatorio de Justicia y Conservación (OJC), Giem Guimarães, incluye otro elemento en el debate contra la PL 984/19, que es la judicialización. Sostiene que los políticos pueden incurrir en un acto de improbidad cuando aprueban leyes en beneficio de grupos y no de la colectividad.
Giem recuerda que el Tribunal Supremo Federal (STF) denegó el último recurso de apelación que pedía la reapertura de Estrada do Colono, el año pasado, sin que las partes pudieran apelar la decisión. “La Constitución establece que ‘la ley no perjudicará la cosa juzgada’, principio que busca brindar seguridad jurídica a nuestras instituciones”, enfatiza.
El director de la OJC cita que la Justicia, en el cierre definitivo de la vía, en 2001, recibió evidencia técnica que demuestra que las ciudades de la misma región no afectadas por la posible vía tenían tasas de desarrollo iguales a las de los principales interesados en su construcción. “La excusa de la necesidad de desarrollo económico tampoco es sostenible”, concluye Giem Guimarães.
(ADERE)
