Iguazú (LaVozDeCataratas) El Gobierno dará marcha atrás con la reglamentación de loscambios en el monotributo que generaron una deuda retroactiva para millones de inscriptos en el régimen simple.

El presidente Alberto Fernández solicitó ayer al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que impulse en el Congreso un programa de mejoras para el monotributo y de alivio fiscal, lo que incluirá la revisión del retroactivo fijado por la AFIP a los contribuyentes tras la recategorización.

Así lo planteó el Presidente al encabezar ayer un encuentro en la Casa Rosada con Massa, el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, informaron fuentes oficiales.

El jefe de Estado analizó el impacto del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que se implementó por ley, explicaron los voceros del encuentro.

De esta manera “se avanzará en un proyecto de ley que permita resolver el problema del retroactivo”, agregaron las fuentes oficiales.

Cuando la nueva norma sea aprobada en las próximas semanas por el Congreso, los contribuyentes monotributistas quedarán eximidos de abonar la potencial deuda generada de manera retroactiva en base a lo que determina el régimen sancionado en abril pasado por el Parlamento.

El nuevo proyecto habilitará al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont a eximir de las deudas reclamadas por las diferencias acumuladas entre enero y junio de este año, originadas por la demora en la sanción de la ley que estableció las nuevas escalas del Monotributo con un ajuste del 35,3%.

La semana pasada el organismo tributario reglamentó la actualización de los parámetros y valores de las categorías para los monotributistas. Como la actualización llegó con seis meses de demora -a diferencia de años anteriores en que se realizaba a principio de año-, determinó que estos nuevos valores tendrán efectos retroactivos a partir de enero de 2021.

Por esa razón, muchos monotributistas se encontraron sorpresivamente con que tenían una deuda impositiva, ya que la AFIP llevó adelante una categorización retroactiva, a enero de este año.

La demora en la reglamentación provocó que vencieran cinco pagos mensuales del régimen simplificado con valores que correspondían a las escalas de 2020. Más allá que el proyecto original siempre planteó que iba a implicar una modificación de forma retroactiva, las diferencias entre lo que se pagó y lo que se debería haber pagado se acumuló y obligó a los inscriptos al monotributo a afrontar ese pasivo. En ese contexto, la AFIP también había definido que la diferencia se pueda pagar hasta en 20 cuotas -siempre y cuando cada cuota supere los $500- con intereses de 2,9% mensual.

El organismo recaudador recategorizó a 4.077.376 monotributistas, aplicando la tabla con los nuevos valores de los distintos componentes del monotributo (impositivo, seguridad social y salud) para los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo, asignando una nueva categoría a cada contribuyente.

La medida del fisco generó molestia y enojo entre los monotributistas porque tener que afrontar esa deuda en un contexto de caída de los ingresos reales y con una actividad económica que no termina de repuntar representaba un gasto extra no previsto con peso en el presupuesto familiar.

Atento a esa respuesta entre los 4 millones de monotributistas que hay en todo el país y con miras a las elecciones, el Gobierno prefirió descomprimir esa tensión al dar marcha atrás con esa medida.

La contracción de la actividad económica y la caída del poder de compra del salario provocó un aumento en la cantidad de monotributistas que se inscriben a ese régimen como una forma de complementar los ingresos que reciben trabajando en relación de dependencia.

De acuerdo a datos oficiales, del total de monotributistas inscriptos, más de 2,4 millones perciben un haber o un salario como principal ingreso del hogar. Solo 1,6 millones son monotributistas “puros”, sin otras fuentes de sustento. No incluye en ese grupo a 363.900 monotributistas social que prestan una mínima contraprestación laboral por el subsidio que recibe de la Administración Central.