Iguazú (LaVozDeCataratas) El oficialismo apunta a ganar como sea las elecciones de medio término. Precios controlados para intentar domar la inflación o, por lo menos impedir que siga perforando la pauta oficial anual; tarifas congeladas hasta fin de año; subas salariales mayores al techo inicial del 25% establecido para las paritarias, y más reparto de dinero para mitigar los complicados bolsillos de los sectores sociales de menores recursos que están ganando la calle con marchas y protestas cada vez más numerosas, parecen darle forma a la pata económica del “plan” del Gobierno para intentar atravesar las próximas elecciones sin mucho daño.

Una estrategia que se suma al pilar sanitario de ese mismo plan, basado en una verdadera “lluvia” de vacunas para llegar al 14 de noviembre, fecha del recambio de legisladores, con más de la mitad de la población que vota, por lo menos con una dosis aplicada.

Puerta giratoria

Pero para demostrar que todo está “fríamente calculado”, gran parte de esos fondos extra que van a circular en la economía durante el segundo semestre retornará al Estado gracias a que la AFIP podrá recaudar más gracias a la promesa de más consumo.

De hecho, en los últimos días ya se dieron a conocer pistas de este plan oficialista como los del bono especial para jubilados y pensionados de $6.500 a $8.000 y cuyo alcance se definirá en los próximos días.

La idea sería que quienes ya no se encuentran laboralmente activos puedan compensar en parte la inflación acumulada en mayo y la proyectada para junio.

En el primer semestre y con la nueva fórmula vigente desde marzo, jubilaciones y pensiones recibieron subas trimestrales de 8,07% y 12,12% respectivamente. Es decir, un alza de 21,2% contra 25,1% de inflación acumulada en igual período, con lo cual se busca que, al menos recuperen esa pérdida.

La principal pata del plan

A esto se suma la decisión del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de otorgar un bono extraordinario de $6.000 para titulares del programa Potenciar Trabajo. En este caso, la excusa es la de “sostener sus ingresos e inyectar dinero que promueva el consumo a nivel local”, tal como lo explicó el propio funcionario que califica a este plan como uno de los pilares de la política de contención social para sectores vulnerables.

Teniendo en cuenta que hoy alcanza a casi un millón de personas, el bono obligar a destinar $6.000 millones extra que se suman al aumento del 4% de principios de junio llevando el beneficio a $12.204 por mes.

Al sumar el incremento y la ayuda adicional, el Gobierno debe destinar un paquete de ayuda de $18.204 millones nada más que para sostener este plan que busca mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas con proyectos productivos, comunitarios, laborales y de finalización de estudios.

“Que paguen menos impuestos”

La Tarjeta Alimentar también tendrá cambios en su funcionamiento como parte del plan electoral. En principio, se quitaría el pago del IVA sobre los productos que se pueden comprar con este instrumento como leche, carne, frutas y verduras, entre otros.

“La idea es que paguen menos impuestos los que menos tienen como un derecho de justicia distributiva”, dijo Arroyo hace unos días en declaraciones a Radio 10.

Para implementar este beneficio, en Desarrollo Social no piensan en enviar una ley al Congreso sino reintegrar de manera directa el porcentaje del precio gravado con el IVA en la misma tarjeta.

La tarjeta está dirigida a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (ALUH), además de embarazadas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH; madres con siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

Varios de estos planes de ayuda también serán retocados para inyectarles más fondos al punto que se estima que parte de los beneficiarios llegarán a cobrar cerca de $45.000 en julio, un monto que miles de trabajadores formales no alcanzan a percibir por sus servicios.

Inundar de dinero la economía

Según los arquitectos de este plan, que también contempla disfrazar de victoria el no pago de la deuda con el FMI hasta diciembre, hay que inundar la economía de dinero ya para llegar a la etapa electoral con un sentimiento opuesto al creciente malestar con el gobierno de Alberto Fernández, que se extiende hasta en votantes de su propia coalición.

“Para que la plata esté en la calle en septiembre, hay que repartirla desde julio, por lo menos”, argumentan dirigentes cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner que por estos días aumentaron los encuentros, presenciales y virtuales, para terminar de darle forma a la estrategia.

Se contemplan subsidios y cierto alivio impositivo para trabajadores de clase media, pero sobre todo darle dinero a los que menos tienen, los que son movilizados ya casi a diario por punteros barriales; organizaciones sociales, en algunos casos lideradas por funcionarios oficiales, y partidos de izquierda, tal como quedó demostrado en la marcha de este viernes, la más numerosa durante lo que va de la pandemia.

Habrá “anticipos” y “asistencia” para trabajadores de clase media; anuncios sobre “aguinaldos” y “ayuda” para empleados públicos, además de “bonos” para jubilados.

A esto se le sumarán aumentos en los montos que ya se distribuyen con los planes sociales en el marco de un “combo” electoral que le insumiría alrededor de $100.000 millones a las arcas del Tesoro nacional, según calculan en el Instituto Patria.

Este dinero se suma a lo que ya se destina para sostener el enorme gasto público, que actualmente marca un récord histórico al representar 42 puntos del PBI utilizados mayormente de manera incorrecta si se tiene en cuenta el nivel de ineficiencia que muestra el Estado.

Fuente: iProfesional