Así lo ratificó el Secretario General de la ONU, António Guterres, en unas declaraciones en las que instaba a los gobiernos a ser transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia fuera legal, proporcionada, necesaria y no discriminatoria. “La mejor respuesta es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras protege los derechos humanos y el estado de derecho», explicó hace unos meses coincidiento con la publicación de un informe de la ONU sobre los Derechos Humanos durante el COVID-19.

En dicho documento, el Secretario concreta además que los Estados tienen que respetar y proteger, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de información y la libertad de asociación y de reunión. Vista la práctica de muchos países en el contexto de la COVID-19, parece que esto no ocurre necesariamente. Entre las preocupaciones cabe citar las siguientes:

• Distintas medidas para controlar la circulación de información y reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto donde ya se está reduciendo el espacio cívico;
• El arresto, la detención, el enjuiciamiento o la persecución de opositores políticos, periodistas, personal médico y de salud, activistas y otros por supuesta difusión de “noticias falsas”;
• La ciberpolicía agresiva y una mayor vigilancia en línea;
• El aplazamiento de las elecciones, que plantea graves problemas constitucionales en algunos casos y puede provocar un aumento de las tensiones.

La crisis plantea la cuestión de cuál es la mejor manera de contrarrestar el discurso perjudicial y proteger al mismo tiempo la libertad de expresión. Los intentos generalizados de eliminar la información errónea o la desinformación pueden dar lugar a la censura intencionada o no, que socava la confianza. La respuesta más eficaz es la información precisa, clara y fáctica de fuentes en las que la gente confía.

En todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil han respondido al llamamiento a la acción de la ONU para abordar y contrarrestar la amplia gama de formas en que la crisis del COVID-19 puede afectar la democracia y aumentar el autoritarismo. Entre ellas cabe destacar:

• el desarrollo de la alfabetización mediática y la seguridad digital
• luchar contra la desinformación y el discurso de odio, que se han multiplicado durante la crisis.
• capacitar a los periodistas de forma remota para informar sobre el impacto de la pandemia con una cobertura profunda y real, mientras se mantienen seguros en la primera línea.
• empoderar a las mujeres contra la violencia de género, que se ha disparado en medio de cierres, cuarentenas y presiones sociales y económicas del Covid-19.
• dar a conocer los desafíos de la desigualdad y la deficiente prestación de servicios agravados por la crisis, con un enfoque específico en las necesidades y derechos de las mujeres, los jóvenes, las minorías y otras poblaciones marginadas, para ayudar a que los gobiernos rindan cuentas.

Fuente: ONU