El Gobierno nacional oficializó este martes la creación del Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares, denominado «Registradas», que busca recuperar empleos perdidos durante la pandemia del coronavirus, apoyar a las empleadoras y los empleadores, y contribuir a una mayor formalización en el sector.
Por medio del decreto 660/2021, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se dispuso así la creación del programa de incentivo a la formalización en el sector, anunciado por el presidente Alberto Fernández.
Mediante el nuevo programa, el Estado le entregará a trabajadoras de casas particulares una suma de dinero fija durante seis meses a cuenta del pago que realizará la parte empleadora, con lo que se busca reducir la informalidad, garantizar el acceso y permanencia a un empleo registrado e incentivar la bancarización.
La inscripción al programa deberá ser solicitada por el empleador y estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2021.
En principio, se inscribirá a la trabajadora en la AFIP y se pagarán los aportes y contribuciones. Luego, se realizará la apertura automática de una cuenta sueldo gratuita en el banco Nación y el Estado le transferirá entre el 30 y el 50% del salario.
Para los empleadores cuyos ingresos brutos sean menores a $122.500, el porcentaje del sueldo que pagará el Estado será del 50% de la remuneración neta mensual, según el convenio colectivo del sector. Cuando el ingreso sea de entre $122.500 y $175.000 será del 30%.
En todos los casos, el beneficio no podrá superar los $15.000 mensuales, y el programa es compatible con la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, Tarjeta Alimentar, Progresar, Potenciar Trabajo y otros.
La parte empleadora le transferirá a la trabajadora el porcentaje restante del sueldo que corresponda. La transferencia monetaria por parte del Estado dura 6 meses y solamente se podrá registrar a una trabajadora (la trabajadora tampoco podrá estar inscripta dos veces al programa) con la obligación de mantener el puesto de trabajo los cuatro meses posteriores a la finalización del beneficio.
Para calificar, las trabajadoras deben dedicar un mínimo de 12 horas semanales declaradas por la parte empleadora y realizar tareas enmarcadas dentro de las categorías «Personal para tareas específicas», «Caseros y caseras», «Asistencia y cuidado de personas» o «Personal para tareas generales». No se podrá despedir a una trabajadora para inscribirla nuevamente.
Entre los fundamentos del decreto, se expresa que «que se trata de un trabajo que se presta en las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar y en atención a los estereotipos de género en torno a ello, el sector se encuentra altamente feminizado, lo que incide de forma directa en las brechas laborales existentes entre los géneros, tanto en materia salarial como en la calidad del empleo».
En esa línea, la norma indica que «que resulta necesario crear nuevas herramientas que contengan la situación de crisis del sector de personas que trabajan en casas particulares y tiendan a la bancarización de las trabajadoras y los trabajadores de dicho sector laboral».