Las barreras que prohíben el uso del cannabis para producir medicamentos, cosméticos, alimentos o autopartes, entre muchas otras cosas, están a punto de desintegrarse. El Estado argentino dio un paso más hacia la regulación de una nueva e incipiente industria que genera expectativas en todo el planeta: la de la planta de marihuana.

La comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados firmó ayer martes el dictamen para que el proyecto diseñado por el Gobierno entre en debate y votación en la próxima sesión. Este miércoles al mediodía se tratará en Presupuesto, la firma que falta. Debería ocurrir una situación extraña e inesperada para que no obtenga también el dictamen que necesita para volar al recinto.

De los 34 presentes en la reunión de comisión de ayer martes, 25 votaron a favor de avanzar con el proyecto de “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial”, que ya tiene la media sanción del Senado desde julio pasado.

El proyecto tuvo el apoyo unánime de los 17 legisladores del Frente de Todos y de seis del bloque Juntos (cuatro de la UCR y dos del PRO). Entre los que rechazaron la iniciativa se destacan el vicepresidente de la comisión, Pablo Torello, y el ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile.

El ministro de Desarrollo Industrial, Matías Kulfas, defendió el proyecto de forma presencial en la reunión de la comisión, tal como lo había hecho (virtual) en el Senado. Destacó que la industria del cannabis generará rápidamente “empleos de calidad, exportaciones, conocimiento” y aseguró que “todas las provincias tienen alguna oportunidad, se pueden reconvertir sectores productivos como el tabacalero”.

El gobierno de Alberto Fernández aspira a que el país tome el lugar líder regional en el negocio del cannabis industrial. Kulfas repite que las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas de una nación con tradición en la industria agrícola y prestigio en sus investigadores del Conicet o el INTA aportan confianza para el sector a nivel mundial.

“Necesitamos una ley para legalizar la producción y el desarrollo de la industria sujetos a las recomendaciones de Naciones Unidas y los países pioneros en esto, como Israel o Canadá. Las regulaciones apuntan a evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar trazabilidad de los productos, especialmente en los de uso medicinal. Eso nos va a permitir además tener un producto de calidad. Hoy lo que vemos en el mercado internacional es una variabilidad enorme de precio, y si entramos con marca país de calidad vamos a entrar con buenos precios”, explicó a los legisladores y consideró que la prohibición de la variedad de la planta que se usa de forma industrial, que rige en Argentina desde 1977, es “injusta”.

En el Gobierno prometen que la reglamentación de la ley apuntará a preferencias y facilidades para Pymes y cooperativas, políticas para financiamiento y acompañamiento para ONGs con el fin de que se adecuen al marco regulatorio. Y aseguran que el mecanismo para la autorización de producción del cáñamo no medicinal será “flexible”.

Se espera que con esta regulación el mercado local disponga de ropas, calzados, cosméticos, materiales de construcción, autopartes o “súper alimentos” ricos en Omega 3 y 6 fabricados a base de esta planta y sus semillas. Y que también se desarrolle la exportación de estos mismos elementos y tecnología aplicada a esta nueva matriz productiva. La proyección módica que hacen en el Ministerio de Desarrollo Productivo es que la nueva industria del cannabis podrá generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos tres años.

Fuente: Infobae