Iguazú (LaVozDeCataratas) Pablo Plaul integraba una delegación de estudiantes del Instituto Parroquial San Justo que realizaba un viaje de estudios y solidario en apoyo a la comunidad Mbororé. Mientras jugaba al vóley en el predio del complejo “Raíces”, se apoyó en una farola y recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte.
Héctor Plaul y Beatriz Manzelli, padres de Pablo van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos «el concepto de justicia funciona mal, en Misiones la justicia esta dominada por el poder político, Pablo murió por homicidio. La Causa estuvo plagada de irregularidades», dijo Plaul en sus declaraciones.
En la causa se determinó que las instalaciones del lugar que albergó a la delegación estaban sin terminar y habilitadas parcialmente, en tanto que la empresa Proterra, organizadora del viaje, incurrió en serias irregularidades. El fiscal misionero Alejandro Néstor Monzón procesó a Ricardo Omar Ayala, empresario del complejo hotelero, por “homicidio culposo” y luego, con la misma prueba, lo desprocesó. En primer lugar intervino el juez José Pablo Rivero, luego el juez subrogante Ricardo Rubén Gerometta, ambos del Juzgado de Instrucción nº 3 de Iguazú, IIIº Circunscripción Judicial de Misiones a cargo del doctor Juan Pablo Fernández Rizzi.
En 2012 una delegación integrada por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y el doctor Alejandro Bois, viajó a Misiones. Hubo una entrevista con Fernández Rizzi en la cual reclamaron que la Justicia investigue y condene a los culpables.
Cabe destacar que se efectuaron varios reclamos judiciales a personas físicas y jurídicas. También se pidió la intervención de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires por la contratación irregular de la empresa de viajes Proterra, que investigó y sancionó al colegio Parroquial San Justo con una quita durante dos meses del subsidio estatal, por incumplimiento de la Resolución 426/06, que implica el reconocimiento de una responsabilidad concreta en la elección de la firma organizadora.
Además, hay de por medio una cuestión de ética y honestidad porque existe una demanda por calumnias e injurias contra el obispo de San Justo, monseñor Baldomero Carlos Martini, quien trató a Héctor Plaul –padre del Pablo– como “vengador y estafador”, trámite que lleva adelante el Juzgado Correccional nº 4 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del Juez doctor Hugo Martínez.
