La dueña de un conocido bar de la localidad mendocina de Malargüe, al sur de Mendoza, fue detenida, acusada de anestesiar a sus empleadas, inyectarles siliconas y obligarlas a prostituirse en su local bajo amenaza.

Una vez allí, las anestesiaba y les colocaba siliconas en los pechos y las amenazaba para que no contaran que ejercían la prostitución en el bar.

Una de las mujeres tuvo serias consecuencias en su salud y se decidió a radicar la denuncia, tras la que se conoció que habría varias chicas en la misma situación, agregaron las fuentes.

Cuando la fiscalía tomó contacto con la causa, la dueña del boliche fue imputada y posteriormente trasladada al penal, dado que ya pesaba sobre ella una condena de ejecución condicional.

Según las denuncias recibidas, la mujer “anestesiaba a las chicas en su casa y les inyectaba siliconas en los pechos, para luego prostituirlas en su local bajo amenaza”, se indicó desde el Ministerio Público Fiscal.

Es a raíz de hechos que investiga la fiscal Andrea Lorente, ocurridos el pasado 7 de enero, y que incluyen los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia, lesiones leves y amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego”.

Y a esos cargos, según se indicó, “se le suman otros encuadres penales que también son investigados como el “ejercicio ilegal de la medicina, lesiones graves dolosas, amenazas agravadas por el uso de arma y facilitación de la prostitución con ánimo de lucro”.

Además a la dueña se le imputan delitos como ejercicio ilegal de la medicina, lesiones graves dolosas, amenazas agravadas por el uso de arma y facilitación de la prostitución con ánimo de lucro

Cabe destacar que a mediados del mes de octubre del año pasado, en un fallo judicial sin precedentes, treinta mujeres que eran explotadas sexualmente en cuatro prostíbulos de la ciudad de Córdoba por una banda de proxenetas liderada por dos hermanos serán indemnizadas con el dinero que se obtenga del remate de los autos y propiedades que la banda compró con las ganancias del delito. Son poco más de 31 millones de pesos lo que se repartirá.

Así lo establece un acuerdo judicial al que llegaron los acusados, que reconocieron su responsabilidad en los delitos de trata de personas y lavado de dinero, y la justicia federal de Córdoba que llevó el caso.

Se fijó una fórmula para la reparación a las mujeres explotadas: las ganancias que obtuvieron los acusados según el tiempo que las víctimas fueron explotadas y la cantidad de clientes o prostituyentes con los que estuvieron y las pérdidas personales de cada una.

Entre 2001 y marzo de 2012 los hermanos Fabio Ricardo y Daniel Alejandro Barey, de 49 y 41 años, fueron dueños de los prostíbulos “Faraón”, “Play Man”, “Macarena” y “Candela”, de la ciudad de Córdoba. Allí eran explotadas sexualmente mujeres de entre 18 y 30 años en situación de vulnerabilidad social.

En los prostíbulos se “trabajada” con el sistema de “copas”. Los clientes invitaban a tomar algo a las mujeres para luego tener sexo en lo que se conoce como “pases”. Ellas eran obligadas a darle a los proxenetas el 50 por ciento de lo que cobraban. También a pagar su ropa, la comida, los medicamentos, los carnets sanitarios. “Estas exigencias eran aceptadas por las víctimas dado que por su vulnerabilidad no veían otra alternativa que someterse a los designios de los acusados para poder subsistir”, se explicó en el expediente.

Los hermanos Barey fueron acusados junto a otras cinco personas. Se los imputó por el delito de trata de personas y por lavado de dinero. En la causa se estableció que con el dinero que obtenían de la explotación sexual compraron bienes que pusieron a nombre de testaferros, entre ellos su madre.

La causa llegó a juicio oral y se hizo un juicio abreviado. Los acusados reconocieron su culpa y para evitar el juicio pactaron una condena con Carlos Gonella, fiscal federal de juicio de Córdoba, y con Alejandra Mangano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Procuración General.