La Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) rechazó este martes el proyecto legislativo que impulsa la penalización de los cortes de calles y rutas, al que consideró “una rémora de la dictadura” de Alfredo Stroessner e instó a su rechazo, porque “en democracia el debate político debe tener otros contenidos”.
El proyecto “trae al debate una verdadera rémora de la dictadura, que impide ver al Estado como una entidad que está llamada a gestionar los conflictos que hay en toda sociedad de interacción democrática, muchas veces originados en la colisión de derechos, como el que se presenta entre el libre tránsito y la manifestación pública”, señaló la organización.
Para la Codehupuy -que agrupa a una veintena de organizaciones- la iniciativa puede compararse con la Ley 209 de la dictadura, “De defensa de la paz pública y libertad de las personas”, el instrumento con el que el stroessnerismo persiguió y encarceló a opositores.
Esta semana el senador oficialista Enrique Riera presentó un proyecto para endurecer las penas a quienes corten rutas, en medio de reiteradas protestas de camioneros por la suba en los precios de los combustibles.
“El senador Riera, cuyo prontuario liberticida es ampliamente conocido, denota una vez más su escaso talento para legislar y convivir con las tensiones propias de una democracia”, advirtió la Codehupy.
Además, remarcó que “los propios sistemas internacionales, a los cuales Paraguay adhiere, han entregado herramientas suficientes para ponderar los derechos en colisión y así orientar el actuar de un Estado que realmente se precie de democrático”.
Para la entidad, iniciativas como las de Riera son “violatorios de un conjunto amplio de derechos asociados y protegidos bajo la libertad de expresión”. “Esas ideas parten del supuesto erróneo de la existencia de un hecho punible cuando en realidad se está ante el ejercicio de un derecho que debe ser protegido, tal como lo manda la Constitución de la República y el derecho internacional de los derechos humanos”, insistió la Coordinadora.
Acompañaron el proyecto del legislador colorado sus pares de bloque Sergio Godoy y Antonio Barrios; Georgia Arrúa, Fidel Zavala y Stephan Rasmussen, de Patria Querida; Patrick Kemper y Tony Apuril, de Hagamos; y Fernando Silva Facetti, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El texto busca modificar el artículo 216 del Código Penal, referido a “Intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”. “El que produjere un obstáculo, cerrare, obstruyere o demorase de cualquier manera la libre circulación de personas y bienes por las rutas nacionales o internacionales, o cualquier otra vía pública de tránsito (calles, callejones o caminos vecinales) dentro del territorio nacional, será castigado con pena de privación de libertad de hasta seis años”, quedaría en el artículo si se aprueba el cambio.
También Augusto Acuña, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), condenó el proyecto como “una nueva forma de criminalizar a los pobres que luchan por sus derechos dentro del territorio nacional”.
Por su parte, la senadora del Frente Guasú (FG) y precandidata presidencial Esperanza Martínez lamentó “esta nueva forma de intentar reprimir los instrumentos de lucha de la clase trabajadora”.
“Primero criminalizaron la lucha por la recuperación de las tierras mal habidas, ahora la protesta en la vía pública. ¿Luego? ¿Prohibir el derecho a huelga o cualquier expresión de reclamo? No buscan garantizar el libre tránsito, sino acallar el reclamo popular”, manifestó la senadora, según sitios paraguayos.
Fuente: Télam
