Según informó el ministerio de Economía, en el caso de la electricidad, el incremento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) Residencial estará en el orden del 26%, lo que impactará en las facturas de usuarios tipo con consumo promedio en el área del Gran Buenos Aires con una suba del 16,53 por ciento.
En cada provincia el incremento en las facturas de luz será distinto, pero siempre inferior porcentualmente al que se registre en el Gran Buenos Aires.
Quienes tienen tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales a lo largo del año inferiores al 21,6%, un porcentaje equivalente al 40% del incremento registrado por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año pasado.
El resto de los usuarios residenciales tendrán en promedio aumentos en sus facturas totales anuales inferiores al 42,7%, un porcentaje equivalente al 80% de CVs.
Quienes tienen tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales a lo largo del año inferiores al 21,6%, un porcentaje equivalente al 40% del incremento registrado por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) durante el año pasado. El resto de los usuarios residenciales tendrán en promedio aumentos en sus facturas totales anuales inferiores al 42,7%, un porcentaje equivalente al 80% del CVS de 2021.
En lo que respecta al gas, los usuarios con tarifa social no tendrán ningún aumento; en tanto para el para el resto de los usuarios de todo el país, el precio de venta del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) aumentará entre 41,7% y 46,3%, lo que representará un aumento en la factura promedio para usuarios residenciales de entre 18,55% y el 25 por ciento.
En ese marco, fuentes oficiales afirmaron que tanto en gas como en electricidad los incrementos cumplen estrictamente con “las pautas que instruyeron en tal sentido el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto a que las correcciones tarifarias sean inferiores a la variación de los ingresos de la gente”.
En el caso de los comercios, la suba será en promedio del 36% porque el valor agregado de la distribución tiene un peso más grande en las facturas; lo que cobran las empresas y no la energía en sí. “Como el peso de la energía es más bajo se puede aumentar más teniendo el mismo impacto en la factura”, destacaron desde Economía.
A dos semanas de las audiencias públicas, donde se presentaron las propuestas oficiales para las subas en las tarifas de gas y electricidad que se deberán aplicar a partir de junio, aun no fueron oficializados los nuevos cuadros tarifarios. Desde las empresas del sector, que son las encargadas de realizar el proceso de facturación a los usuarios, aseguran que una vez publicadas las nuevas tarifas se requieren al menos entre 15 y 20 días para aplicarlas —y 60 en el caso de una segmentación—, por lo tanto impactarían en los bolsillos de los usuarios recién en julio o agosto, según el período de facturación de cada cliente.
Cuando se publican los incrementos se empiezan a aplicar a partir de esa fecha; pero junio y julio no se toman en forma completa porque todos los días facturamos una sesentava parte de los clientes. Se factura a algunos el 15 de junio, otros el 16, 17, 18. Se toman 60 días facturados, de los cuales algunos puede que tengan ya el incremento y otros que no”, explicaron días atrás a Infobae desde una de las empresas.
Por ese motivo, solo le correspondería los dos meses de aumento completo a los clientes cuya facturación se realice el 1º de agosto, donde entra todo junio y julio con la nueva tarifa, detallaronAunque en la Audiencia Pública no se habló de fechas, las empresas distribuidoras de gas indicaron que su puesta en marcha llevará al menos unas ocho semanas. “La segmentación requerirá las modificaciones necesarias en los sistemas informáticos que tendrán un costo no previsto para la compañías. Las distribuidoras estiman un lapso de tiempo requerido no menor a ocho semanas”, dijo Daniel Martini, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), durante la audiencia del 12 de mayo pasado.
Según el directivo de la asociación, una de las trabas es las dificultades para establecer que el titular sea la misma persona que recibe el servicio. Por instrucción del Enargas, las empresas enviaron comunicaciones a más de 3 millones de usuarios para que regularicen la titularidad y solo respondió el 2,5% del total.
