La chance de un diálogo entre el Gobierno ecuatoriano y los indígenas que cumplen este miércoles el décimo día de protestas y cortes parece trabada ahora por la negativa del Ejecutivo a derogar el estado de excepción, un paso que el movimiento de protesta puso como condición, mientras en las calles se mantuvo el escenario de tensión, porque miles de manifestantes llegaron ya al centro histórico de Quito y se denunció la desaparición de 18 policías en Puyo.
La administración del presidente Guillermo Lasso se negó a derogar el estado de excepción con el argumento de que no puede dejar «indefensa a la capital», en palabras del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que remitió en sus declaraciones a las protestas de 2019: «Ya sabemos qué pasó, y esta vez no lo vamos a permitir».
En octubre de ese año la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) protagonizó también protestas en las que murieron entre 8 y 11 manifestantes, más de 1.500 resultaron heridos y 1.330 fueron detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones de derechos humanos.
Miles de indígenas que llegaron esta semana a la capital para exigir una reducción de los precios de los combustibles se dispersaron en grupos para avanzar sobre la ciudad y, mientras levantaban barricadas que marcaban sus avances, lograron entrar al centro histórico tras romper el cerco policial.
Los dirigentes insistieron en que marchaban pacíficamente y el sitio Primicias citó palabras de varios referentes que advirtieron que aplicarán «justicia indígena» a quienes tiren piedras o rompan vidrieras.
Frente al Ministerio de Agricultura, el titular de la Conaie, Leónidas Iza, dijo que espera ver «ríos de gente caminando por Quito de manera pacífica».
De madrugada, Iza fue quien puso como condición para sentarse a conversar con funcionarios del Ejecutivo la derogación del estado de emergencia, que permite la virtual militarización de las calles y la imposición del toque de queda.
En el décimo día de manifestaciones, el sitio Primicias dio cuenta de cortes de rutas en 18 provincias y el diario El Comercio señaló que la Corporación Quiport informó, en un mensaje en Twitter, que el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito mantenía todas sus operaciones aéreas.
El cuadro se agravó el martes tras un ataque a instalaciones policiales en Puyo, en la Amazonía, que dejó un muerto y seis policías con heridas graves, según el Ministerio del Interior.
Tras los choques que siguieron, 18 policías están «desaparecidos» y tres más fueron «retenidos» por indígenas, añadió este miércoles el jefe de la cartera, Patricio Carrillo, en conferencia de prensa.
Carrillo calificó a los hechos de «absolutamente irracionales», responsabilizó a los integrantes de dos comunidades amazónicas (kichwas y shuaras), lideradas por el dirigente indígena Marlon Vargas y anticipó una denuncia ante la Fiscalía.
A la paralización de pozos petroleros se sumó la chance de que sean ocupadas las envasadoras privadas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), ubicadas en Quito.
Grupos de manifestantes se ubicaron al frente de las empresas privadas Eni Ecuador (que comercializa la marca Agip Gas) y Duragas, informó la Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras de GLP (Asogas), para exigir que se frenen las operaciones, lo que, según las autoridades, podría dejar sin gas a Pichincha.
En Quito, los indígenas marchan con palos y escudos artesanales. Entre sus reclamos también exigen la «desmilitarización» de un parque de Quito donde tradicionalmente se concentran cuando protestan en la capital, y que está bajo control de la fuerza pública.
Lasso, que asumió el poder en mayo de 2021, denuncia que el movimiento indígena presiona para sacarlo del poder, como lo hicieron con tres mandatarios entre 1997 y 2005.
En su rechazo a las pretensiones de la organización indígena, el ministro Jiménez advirtió que «no es el momento de poner más condiciones, de exigir mayores demandas, sino el momento de sentarse a conversar», reportó la agencia AFP.
En la cuenta oficial de la cartera de Gobierno, Jiménez hizo pública «una vez más» la invitación «para que este miércoles nos sentemos a dialogar ante el llamado de la sociedad civil y resolvamos esto de una vez por todas, con paz, con voluntad y con seguridad».
También Lasso insistió con mensajes en este sentido en su propia cuenta: «Elegimos el trabajo, el progreso, la educación y el diálogo. No podemos vivir en el caos», escribió y en otro mensaje advirtió que «el desabastecimiento, las familias con hambre y el freno a la reactivación son las verdaderas consecuencias del caos en el Ecuador». «Los violentos han reprimido a su propia comunidad, los enfrentamientos deben parar», agregó.
El Gobierno había aceptado el martes el llamado a conversar de unas 300 organizaciones no gubernamentales, respaldadas por la ONU y la UE.
Este miércoles fue la secretaría general de la OEA la que exhortó al Ejecutivo y al movimiento indígena a «entablar un diálogo a partir del cual se aborden los reclamos de las comunidades indígenas».
«Es necesario que el sistema político dé inmediata respuesta en mejoras en subsidios, condonación de créditos vencidos, así como en resolver el estado de emergencia en el sector salud y mejoras en el presupuesto de educación intercultural», señaló la OEA en un comunicado.
A la vez, Estados Unidos llamó a «todas las partes a que se abstengan de la violencia», según afirmó el jefe de la diplomacia para América Latina y el Caribe.
«Apoyamos los esfuerzos para encontrar una solución pacífica y negociada a las protestas en Ecuador y hacemos un llamado a todas las partes para que se abstengan de la violencia», señaló Brian Nichols en un tuit.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reporta, desde el inicio de las protestas, el 13 de este mes, dos muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos.
La Policía informó, a su vez, de 101 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y luego liberados, y 80 civiles arrestados.
La Conaie reclama rebajar el precio de los combustibles, un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.
Fuente Telam