Las comunidades mbya guaraní reclamaron que se respete la decisión de sus autoridades tradicionales a la hora de seleccionar a los intérpretes y traductores de castellano a mbya guaraní que integrarán el Registro Oficial de Auxiliares de la Justicia.

Uno de los principios básicos para garantizar condiciones de igualdad ante la Justicia es entender el idioma que hablan los otros, por ello, las comunidades mbya elevaron al Superior Tribunal de Justicia, en un encuentro con los integrantes de este cuerpo, el pedido de intérpretes. Ahora, como respuesta a este pedido, el STJ estableció la incorporación de intérpretes y traductores al Registro Oficial de Auxiliares.

El problema, según indicó  María Josefa “Kiki” Ramírez, referente del Equipo Misiones de Pastoral Social Aborigen (EMiPA), es que “en el caso de las lenguas extranjeras, se pide la certificación de la Universidad; en el caso de los intérpretes de lengua de señas tienen que presentar los certificados de los institutos donde estudiaron… pero en el caso de los traductores de castellano a mbya guaraní se delega esta tarea en la Dirección de Asuntos Guaraníes, desconociendo que son netamente comunitarios y nadie puede arrogarse la autoridad de ser intérpretes sino no es autorizado por su cacique o por la asamblea de caciques”.

Advirtió además que “el STJ establece que cualquiera puede presentarse y decir que es idóneo para esa tarea. Otro error es que le encarga a la directora de Asuntos Guaraníes la creación de esa lista siendo que este organismo representa al Estado, no a las comunidades indígenas”.

Para Ramírez, la decisión de incorporar intérpretes es muy buena “pero se les pasó por alto la participación de las autoridades tradicionales mbya en la selección de las personas idóneas. Incluso la directiva habla de idioma guaraní y no de mbya guaraní que es el idioma de los indígenas de Misiones”.

“No serán válidos”

En una nota enviada al STJ, el Concejo Tradicional Guaraní (Aty Ñeychyrõ), planteó su inquietud sobre este punto. “La dirección de Asuntos Guaraníes no es una autoridad ancestral de nuestro pueblo sino un nexo o medio de coordinación y enlace entre las autoridades de la provincia y las nuestras, por lo que no suple ni representa de ninguna manera nuestra voluntad”, dice este documento.

En diálogo, una de las coordinadoras de Aty Ñeychyrõ, Jorgelina Duarte, indicó que “contar con intérpretes mbya guaraní en la Justicia es una lucha histórica de nuestro pueblo pero, cuando por fin se toma esta decisión, estamos preocupados por la forma en que se seleccionarán esos intérpretes pues ésta debe ser tarea de las mismas comunidades, no de Asuntos Guaraníes”.

Recordó que la nota al STJ la presentaron hace poco más de una semana y esperan una respuesta.

“Como Concejo Tradicional Guaraní, estamos sentando postura sobre este tema porque si sale una lista de intérpretes mbya guaraní que no sea elegida por nuestras comunidades, no será válida”.

Al respecto, Duarte advirtió el error de la resolución al omitir “al pueblo mbya y al idioma mbya guaraní que es el único que hablan las comunidades en Misiones y es distinto al guaraní que es una lengua regional”.

Respeto a derechos consuetudinarios

En la reunión con los miembros del STJ, los referentes de las comunidades mbya abordaron el derecho a que se respete su propio sistema de Justicia. “El derecho consuetudinario está vigente aunque no esté escrito y es reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Nuestro pueblo tiene un sistema de reglas sobre cómo resolver nuestros problemas y conflictos”, destacó.

Para Duarte, luego de este encuentro con los miembros del organismo judicial de mayor jerarquía de la provincia se dieron ciertos avances “por ejemplo, ahora la fuerza policial que acude a una comunidad tiene que explicar la razón de su presencia en los dos idiomas… ya no pueden entrar como si fuera un lugar público, un tekoa (aldea) es una propiedad comunitaria”.

No obstante, indicó que este es un proceso que recién comienza, pues aún está vigente “esa mirada occidental de los poderes del Estado, ya sea jurídico, educativo y de salud, que nos presupone como una sociedad sin reglas, sin organización, sin autoridades, subestimando la capacidad de nuestro pueblo a solucionar sus propios conflictos”.

Fuente Primera Edición