Docentes: el MPL adhiere al paro nacional de CTERA en contra de la criminalización de las protestas

"El mismo MPL tiene ahora docentes denunciados con proceso de investigación y con causa federal", aseguró el secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación de Misiones, Rubén Ortiz. Exigen la absolución del dirigente Santiago Goodman del gremio ATECh.

Para este miércoles 10 está previsto un paro nacional de gremios docentes convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), a fin de reclamar en contra del fallo que declaró culpable al exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, en Chubut. La justicia lo acusa de incendio gravoso a la Legislatura durante unas protestas ocurridas en septiembre de 2019.

Los gremios docentes sostienen que este fallo sienta un antecedente serio que criminaliza y judicializa la protesta social, por lo que exigirán la absolución del dirigente. En Misiones, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) confirmó que se adhiere a la medida de fuerza, según informó  Rubén Ortiz, Secretario General de este gremio. 

“El viernes la junta ejecutiva decidió impulsar el paro nacional por la gravedad de lo que ocurrió en Chubut”, aportó Ortiz, y aclaró que “en realidad hay procesos de judicialización abiertos en todo el país a docentes denunciados fundamentalmente en contextos de medidas de fuerza”.

Mencionó que en Misiones también está latente esta situación y en particular debido a los recurrentes cortes de ruta. “El mismo MPL tiene ahora docentes denunciados con proceso de investigación y con causa federal, somos 11 trabajadores”, se incluyó.

El secretario General aseguró que desde el gremio siempre tratan de apuntar al diálogo, pero que si esa instancia “no da frutos”, se vuelven necesarios “los cortes y esos cortes derivan en causas que se activan en determinados momentos”. De hecho, “es curioso que en Misiones también se ha activado hace 15 días el proceso contra el MPL. Se lleva adelante a través del Juzgado Federal de Eldorado”, comentó.

Al tratarse de un común denominador que los atraviesa como organización, dijo que “tratan de juntar fuerzas a nivel país y solidarizarse con los compañeros”, por lo que efectivamente desde el MPL adherirán a la medida.

“Misiones tiene muchos sindicatos pero a la hora de la verdad, generalmente son más amigos del poder que amigos de los trabajadores”, criticó Ortiz.

 

Como ha sido mencionado, la criminalización y la judicialización de la protesta social será uno de los ejes principales del paro del miércoles, al que también se le suma la cuestión salarial.

En principio, hay provincias que han acordado procesos sistemáticos de apertura de discusión de mesa salarial, según informó Rubén Ortiz. En el caso de Misiones, dijo que desde el gremio que forma parte (MPL) durante la segunda quincena de agosto tienen prevista la discusión salarial con las autoridades, “aunque esperan que se adelante la fecha”.

 

“El miércoles que es el día del paro vamos a ver si se concreta la reunión con el Gobierno donde se solicitará formalmente la reapertura, y también profundizar las medidas que tienen que ver con estos hechos que todos conocen, que hay involucrados funcionarios, el tema de la poca transparencia en las valoraciones de cursos y acreditaciones de estos cursos de capacitación”, explicó el Secretario General.

 

La polémica de las licencias truchas

Tras conocerse una vez más nuevos casos de adulteración de certificados médicos que algunos docentes presentan para beneficiarse con licencias, la corrupción nuevamente fue puesta sobre la mesa. De hecho, el abogado de las médicas cuyos sellos y firmas fueron adulteradas, sugirió que detrás de todo existe una especie de “organización ilícita”.

Al respecto, Rubén Ortiz fue contundente y dijo que “a esos vivos debe caerle todo el peso de la reglamentación”. Porque existen casos en los que, por supuesto, el docente requiere licencia por problemas de salud, pero las irregularidades que algunos cometen son inadmisibles. “Las organizaciones sociales no impulsamos eso y debemos condenar ese accionar”.

“Ningún sindicato debe alentar estas cosas. Hay que entender que estos procesos muchas veces nacen de acomodos políticos”, insistió el dirigente.

Fuente Primera Edición

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