Sergio Massa confirmó el sábado y el domingo el frenético ritmo que impuso a su gestión como ministro de Economía y que esta semana tendrá un evento de alto impacto: el anuncio del próximo aumento trimestral para jubilados, en virtud de la ley de movilidad, además de un bono de “acompañamiento” a financiar con lo que recaude del adelanto del 15% de impuesto a las Ganancias que el Gobierno dispuso a través de una resolución de la AFIP que desde su paso por el organismo venía impulsando Guillermo Michel, actual director de la Aduana, otro alfil massista.
Massa enumeró a varias de sus actividades el sábado, en un hilo por la red social Twitter, y ayer por la tarde reforzó su margen de acción con el desplazamiento del secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, algo que no había podido conseguir en dos años y medio de gestión Martín Guzmán.
El ministro elevará aún más su perfil de gestión y activismo el miércoles a las 17 horas, cuando junto a la directora de la Anses, Fernanda Raverta anuncie, además del “índice normal de actualización” para los jubilados. Estaría en torno del 15,5% según los datos que se conocen hasta ahora (el mismo miércoles, el Indec difundirá el “índice salarial” que, junto con los datos de recaudación de la Anses, falta para determinar el exacto porcentaje de aumento). La mínima pasaría a superar levemente los 43.300 pesos.
Menos precisiones hay en cambio sobre el monto del “acompañamiento adicional a nuestros jubilados” que anunció que respaldará con “una mayor recaudación por anticipo de Ganancias decidida por la AFIP para que a ese ingreso de sectores con mayor capacidad de pago lo volquemos en uno de los sectores que más sufre, sin afectar el orden de nuestras cuentas”.
De dónde saldrían los fondos
El adelanto de Ganancias, del 15%, rendiría unos $ 200.000 millones, calcularon distintas fuentes. Es la cifra que se calculaba recaudaría el “Impuesto a la Renta Inesperada” que había pergeñado Guzmán con la misma tasa y sobre un universo de empresas similar.
Tampoco está claro exactamente cuántos jubilados percibirán ese bono de “acompañamiento”. Inicialmente se dijo que se limitaría a los jubilados con al menos 30 años de aportes y por debajo de cierto haber. La abogada previsionalista Andrea Falcone precisó que el número de jubilados que cobra la mínima y tiene 30 años de servicios son cerca de 1.150.000 pero que delimitar los beneficiarios con ese criterio sería “raro”. Un corte más probable, estimó, sería “por beneficiario único” (hay en total 5,7 millones, entre jubilados con moratoria y con 30 años o más de aporte, pero 6,8 millones de “beneficios”) y por debajo de cierto haber, por ejemplo dos salarios mínimos, en cuyo caso el número de beneficiarios sería similar (cerca de 1,2 millones) pero con un criterio diferente.
“Que otra vez recurran a un bono demuestra el fracaso de la ley de movilidad jubilatoria” que sancionó el actual gobierno, observó en tanto otro abogado previsionalista, Adrián Troccoli.
Por su parte, el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, dijo que los anuncios que se hicieron hasta ahora sobre el bono a los jubilados y su financiamiento con el adelanto de Ganancias “son muy generales e imprecisos”.
“El acompañamiento adicional habrá que ver a quiénes alcanza y si es una suma adicional por única vez o una suma adicional permanente que incrementa el ajuste habitual por el índice de movilidad jubilatoria”.
Recaudación adelantada
Aunque falta conocer la letra chica, Domínguez destacó tres aspectos del adelanto con el que se piensa financiar el “acompañamiento” de haberes jubilatorios.
En primer lugar, señaló, el aumento de los anticipos no es un aumento del impuesto, algo que consideró relevante aclarar. “El anuncio confunde un incremento de los anticipos del impuesto a las ganancias con el efecto que generaría un incremento del propio impuesto a las ganancias”, observó Domínguez, lo que significa que lo que se está haciendo es “adelantando la recaudación”. Eso, agregó, “implica que lo que se paga hoy, se resta de lo que se cobrará más adelante”. Lo que a su vez significa, subrayó, que “el acompañamiento afectará el orden de las cuentas públicas a diferencia de la afirmación del anuncio donde se indica que no se verán afectadas; es como si un empleado pide un anticipo de sueldo para pagar la tarjeta de crédito que le será descontado más adelante e indica que no afectará sus cuentas, en el mes que le descuenten el anticipo cobrará un menor sueldo”.
De todos modos, Domínguez observó que con una inflación que ya se estima en el 90% anual, el adelantamiento “beneficiará al Estado, porque cobra hoy algo que cobraría más adelante, y se perjudicarán los contribuyentes”.
En segundo lugar, Domínguez destacó que el impuesto a las ganancias es 100% coparticipable y el Estado Nacional recibe poco más del 40% de la recaudación del mismo, por lo que “habrá que conocer los detalles técnicos del acompañamiento a los jubilados para determinar el costo fiscal y su relación con los fondos que recibirá realmente el Estado Nacional por el incremento de los anticipos”.
Por último, sobre la vinculación que hizo Massa entre el aumento a los jubilados y la recaudación del anticipo de Ganancias, Domínguez observó que tiene mucho de “marketing político” y contribuye a la “profundización de la grieta”.
El acompañamiento a los jubilados es un aumento de las jubilaciones que son necesarias ante una inflación acumulada del 2022 que estaría superando el 45 por ciento. Lo cierto, concluyó Domínguez, es que el dinero es fungible, entra en una bolsa general y, sin diferenciar de donde proviene, se afrontan los gastos”.
En definitiva, la operación afectará las cuentas públicas futuras y no se utilizará específicamente para pagar el incremento a los jubilados con lo cual “parecería que, otra vez, se quiere profundizar la grieta: los jubilados de un lado y los que tendrán que pagar el incremento de los anticipos del impuesto a las ganancias del otro”.
La observación es pertinente, dijo Domínguez, “porque el incremento de los anticipos del impuesto a las ganancias pueden llegar a afectar principios y derechos constitucionales” con lo cual “aquellos que planteen la afectación de principios y derechos constitucionales podrían ser objeto de críticas y escraches indicando que los que más tienen y que no quieren financiar el aumento a los jubilados”.
Fuente Infobae