Un depósito en una billetera virtual, un pagaré en una escribanía, una cuenta bancaria o el dinero efectivo en mano, habría ofrecido como facilidades de pago la agente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que fue desplazada de su rango, cargo y funciones el lunes, por la maniobra que habría utilizado para engañar a sus camaradas con propuestas de intermediar y conseguirles viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).
La subadjutor, denunciada en junio por una camarada que presta servicio en la Unidad Penal 1 de Loreto del SPP, sumó durante las últimas horas una nueva acusación por idéntica maniobra que habría concretado en julio y que le costó 70 mil pesos “como seña” a una mujer de 52 años, trabajadora del Ministerio de Salud Pública, para que la documentación que poseía en trámite en el IPRODHA se “acelere” gracias a la gestión de un “político de peso en el Gobierno provincial”.
De acuerdo a la denuncia por “estafas” presentada en la comisaría Tercera de la Unidad Regional I, la apuntada como “gestora” convenció a la víctima a que realice un depósito en Mercado Pago. Obtuvo 70 mil pesos para iniciar el trámite, pero no se detuvo en ese pedido y pocos días después a la víctima le habría argumentado que le firmaría un pagaré en una escribanía por 360 mil pesos. Presuntamente, se habría abusado de la imperiosa necesidad o ansiedad de la empleada pública por conseguir un inmueble y logró el cometido.
Esto habría ocurrido el mes pasado y la víctima retiró el dinero del banco y se lo entregó a la agente del SPP en la escribanía.
Ningún avance registró el trámite y llamativamente la “gestora” volvió a ofrecerle alternativas para otras personas que necesitarán una casa. “Tengo planes 2024 por 400 mil pesos”, le habría asegurado.
Vale remarcar que a la empleada pública denunciante, la contactó por redes sociales y luego que otra adjutora del SPP la recomendara de buena fe.
Decidió concretar la denuncia tras el escándalo desatado con la publicación de la primera denuncia el domingo pasado en este Diario, y luego que el 19 de agosto consultara con una subalcaide de la fuerza de seguridad provincial y ésta la alertara que habría sido estafada.
La presentación ya fue corrida a la Justicia provincial y, entre varias medidas solicitadas en el Juzgado de Instrucción 3 (de turno en agosto), intervendrá la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones para rastrear la cuenta de la billetera virtual.
La denunciada ya fue notificada de la instrucción de la investigación por el delito de “estafa”.
Cabe recordar que el lunes, la sospechosa de 32 años fue apartada de su función y puesta a disponibilidad con el inicio del sumario interno que las autoridades del SPP solicitaron como primera reacción y respuesta a lo sucedido entre sus subalternos.
Fuente Primera Edición
