Una emboscada con explosivos contra una patrulla de policía en una zona rural del suroeste de Colombia dejó siete uniformados muertos este viernes. El presidente, Gustavo Petro, lo consideró como un sabotaje a su propuesta de paz total.

El ataque fue perpetrado con explosivos en el pueblo colombiano de Corozal contra una unidad policial que se movilizaba en una camioneta luego de una jornada de trabajo en las afueras de San Luis, un caserío que forma parte de la zona rural de Neiva, la capital del departamento de Huila.

El Gobierno informó inicialmente de ocho fallecidos, pero posteriormente la Policía precisó en un comunicado que fueron siete, ente ellos tres auxiliares de 18, 19 y 20 años de edad que solamente llevaban tres meses en la institución. Las víctimas fueron los intendentes Wilson Cuéllar Losada y Luis Alberto Sabi Gutiérrez; los patrulleros Duberney Carreño Rodríguez y Jhon Fredy Bautista, y los auxiliares Santiago Gómez Endes, Arles Mauricio Pascuas y Cristian Ricardo Cubillos.

Sabotaje a la paz total

Petro, que asumió la Presidencia hace poco menos de un mes con la promesa de lograr la paz total en el país, donde además de las disidencias de las FARC persisten otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), condenó de inmediato la emboscada.

“Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8 policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias. Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación”, manifestó inicialmente el presidente en su cuenta de Twitter, antes de confirmarse que eran siete los fallecidos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz expresaron su rechazo en un comunicado. «La paz total va en contramano de la connivencia y el silencio ante la criminalidad. Esta acción de terror es un saboteo a los propósitos de superar estas violencias que sirven para los intereses de unos pocos, que viven y han vivido de la guerra», manifestaron.

Asignación de fiscalía

A pedido de Petro, la Fiscalía General de la Nación (FGN) asumió la investigación sobre el atentado y dispuso la conformación inmediata de un equipo de fiscales e investigadores, según informó el Ministerio Público en un comunicado. Este equipo intentará recopilar la mayor cantidad de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan esclarecer, en el menor tiempo posible lo ocurrido.

El equipo técnico científico de la FGN está conformado por tres fiscales especializados, seis investigadores de apoyo, un líder investigador, dos expertos antiexplosivos, un balístico, un topógrafo, un arquitecto, dos fotógrafos, un líder técnico, un criminalístico y cuatro analistas, bajo la dirección de la delegada para la Seguridad Territorial, según informó el comunicado.

Según informó la Presidencia de Colombia desde sus redes sociales, Petro y Velázquez viajaron al lugar para instalar un puesto de mando unificado, que intentará articular acciones con el propósito de proteger la vida y construir la paz total que Colombia necesita.

Primeros pasos con el ELN

Desde la campaña electoral, Petro se ha comprometido a buscar para Colombia la paz total, que incluye a todos los grupos ilegales, y recibió señales de acercamiento por parte de la ELN y del Clan del Golfo, que se denomina a sí mismo Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Ya se dieron los primeros pasos con el ELN, que ya había iniciado conversaciones en 2017 con el gobierno de Juan Manuel Santos, suspendidas un año después por el ahora expresidente Duque. Hace tres semanas una delegación gubernamental viajó a Cuba, donde se habían empezado esas conversaciones, y acordó los pasos preliminares con el ELN para restablecer formalmente el diálogo de paz. En agosto, por orden de Petro, la fiscalía general de Colombia suspendió por tres meses todas las órdenes de captura que se hayan dictado contra los negociadores del ELN desde la suspensión del diálogo en 2018, en una medida dirigida a retomar las conversaciones.

En las semanas previas a la investidura de Petro, que tuvo lugar el 7 de agosto, el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, desató una ola de ataques contra policías, mediante el llamado Plan Pistola, en represalia por la extradición a Estados Unidos en mayo pasado, de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Esa ofensiva, que costó la vida a 36 policías, fue interpretada por analistas como una demostración de fuerza del Clan del Golfo, con el fin de llegar fortalecido a una eventual negociación con el Gobierno de Petro al que el mismo día de su investidura le anunciaron un cese unilateral de hostilidades ofensivas para buscar caminos de paz.

Condena general

El ataque de este viernes, que por ahora no fue atribuido a ningún grupo, fue rechazado por distintas autoridades y organismos internacionales ya que supone un duro golpe a la esperanza de paz abierta en las primeras semanas del Gobierno de Petro, el primer presidente de izquierda del país.

La vicepresidenta, Francia Márquez, expresó su repudio frente al hecho en sus redes sociales. «Rechazo total al ataque contra la Policía de Colombia que quito la vida a 8 uniformados en San Luis, Huila. Acompañaremos la implementación de los Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida, para articular acciones en el propósito de construir la paz total que Colombia necesita. Condolencias a sus familias”, tuiteó en sus redes sociales la mandataria antes de que se confirmaran que eran siete los policías fallecidos.

También el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, muy activo en las iniciativas de paz, condenó el ataque a la patrulla policial en el Huila. «Confío en que las autoridades competentes investiguen rápidamente este hecho. Debemos seguir insistiendo en los esfuerzos alrededor de la paz», manifestó el diplomático.

Fuente Pagina12