“Casi no me queda voz. Voy a tener que hablarte bajito y despacio”, dice Miranda Ruiz con los últimos hilos de sonido que salen de su garganta. Acaba de ser sobreseída luego de haber sido denunciada, encausada y apresada por garantizar el acceso a un aborto legal en Tartagal, ciudad ubicada al norte de la provincia de Salta a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia.

“Yo venía padeciendo un escrache de la prensa local más importante de Salta desde hacía 10 días antes de que me detuvieran. Un escrache mediático inusitado, por parte de desquiciados militantes antiaborto, con mi nombre y apellido diciendo que había obligado a una paciente a abortar, que el bebé había nacido con vida y que yo lo había asfixiado. Versiones absolutamente falsas. Pero subestimé la situación, pensé que ya se iban a calmar porque sabía que habíamos hecho todo legal, que nada de lo que decían era cierto, y que estaba todo asentado en la historia clínica. Sinceramente al principio no me preocupé. Hasta que el fiscal Vega publicó en la página oficial del Ministerio Público Fiscal que solicitaba mi detención y entonces me avisaron que me buscara un abogado. Nunca imaginé que me iban a meter presa. Yo estaba incrédula, no entendía lo que me estaba pasando”.

El 3 de septiembre de 2021 a las 08.30 de la mañana la policía sacó esposada a Miranda Ruiz del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. La médica residente terminó incomunicada en un calabozo de la cárcel de mujeres por disposición judicial tras la denuncia de familiares de una persona adulta que días antes había solicitado la interrupción de su embarazo. La práctica del aborto fue acompañada de manera interdisciplinaria y avalada por la dirección del hospital.

Debido a la inmediata movilización en todo el país de agrupaciones civiles y de mujeres, la detención duró unas horas. Pero recién el viernes pasado, más de un año después, el juez Luciano Martini ─de la Sala I del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta─ afirmó que “Miranda Ruiz actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita y ello impone dictar el consiguiente auto de sobreseimiento”.

Con el entusiasmo de la noticia, los abogados de Miranda Ruiz anunciaron que analizan presentar un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, y el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta.

Miranda Ruiz abrazando a su abogado Oscar Guillén y a grandes compañeras de Tartagal, Mariana Ortega y Janet Meoniz, tras conocer el sobreseimiento

Imputaciones a la marchanta

En un primer momento, el fiscal Gonzalo Vega imputó a Ruiz por realizar el aborto pasadas las 14 semanas de gestación que establece la Ley 27.610, de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto.

Como respuesta, en el fallo absolutorio el juez Martini recordó el sentido totalizador de la salud que debe interpretarse de la norma: “La salud no es solo física y, por ende, no interesan únicamente las afecciones patológicas”.

En ese sentido, Martini retomó las evaluaciones que los diferentes profesionales dejaron asentadas en la historia clínica de la paciente: “Surge con meridiana claridad que existían factores sociales y familiares que ponían en riesgo la salud de JM, lo cual es confirmado no solo por Miranda Ruiz sino por otros profesionales tanto de las ciencias médicas como de las demás disciplinas que hacen a la cuestión (…) se hace constar, en lo esencial, que JM fue abandonada, existen antecedentes de VIF (violencia intrafamiliar) y los vecinos denunciaron sospechas de abuso sexual, posee una hija sin que el padre aporte a la cuota alimentaria, vive con tíos, primos y una hija, y pernoctó en refugios para mujeres víctimas de violencia”.

Sin embargo, sobre la marcha el fiscal Vega abandonó esa primera imputación contra Ruiz para atribuirle el delito de aborto sin consentimiento de la gestante.

¿Cómo se obliga a abortar a una persona con un tratamiento autoadministrado?

Miranda con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Salta

Sobre este punto se enfocó parte del pedido de nulidad de acción penal presentado por Oscar Guillén y María Fernanda Guillén, abogado y abogada defensor de la médica: “Miranda Ruiz no llevó a cabo conducta delictual alguna ya que el tratamiento interruptivo del embarazo requerido voluntariamente por JM comenzó el día 23 de agosto y prosiguió el día 24 con la ingesta voluntaria de las pastillas que decidieran administrar los Médicos Jefes de los Servicios, la Psicóloga y la Asistente Social (…) El tratamiento medicamentoso se efectuó el 24 de agosto a las 11:30 horas, cuando se entregaron 16 pastillas con un cronograma de horarios para que se las autoadministrara”.

A su vez, Martini planteó que, según el cuadro probatorio de la causa, el procedimiento de aborto comenzó mediando el consentimiento de la joven, y “en tanto la falta de consentimiento ─en los términos de la proposición fiscal─ se habría configurado en un segundo momento por el ulterior arrepentimiento (…) no cabe factor de atribución alguno del que surja el primer requisito de responsabilidad, aun material, con alcance a los actos de Miranda Ruiz…”

El juez también resaltó que antes de su eventual arrepentimiento, la paciente había ingerido ya entre cuatro y ocho pastillas de Misoprostol: “Iniciado el procedimiento ─como de hecho sucedió─ aun de haber existido posterior retractación, no existen parámetros científicos que permitan concluir que una conducta distinta a la desarrollada por Miranda Ruiz ─sea activa u omisiva─ podría haber cambiado, de acuerdo con el curso natural y ordinario de las cosas, el resultado constatado”.

Inseguridad jurídica

Miranda Ruiz nació en la ciudad de Buenos Aires y deseaba ser médica desde que tenía nueve años. Graduada con honores en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el título de especialista en medicina interna cuando finalizó su residencia en el Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires. Actualmente está completando una segunda residencia en medicina familiar y comunitaria en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.

Verónica Cuevas (Red de Profesionales por el Derecho a Decidir)

El amor por su profesión vibra del otro lado del teléfono, a pesar de la disfonía, de las conexiones que cortan las llamadas, del agotamiento que deja haber batallado su inocencia durante más de un año.

“En la residencia, los médicos de familia vamos aprendiendo de las distintas especialidades y hacemos principalmente medicina rural, que es atención en las comunidades más vulnerables de la zona. En el caso de Tartagal vamos por la ruta 86 y atendemos principalmente a la comunidad originaria wichi. Abordamos las problemáticas de salud que se presentan; tuberculosis, diabetes, las enfermedades prevalentes. Por ejemplo en el verano, que es la época de diarreas, suelen aumentar la morbilidad y la mortalidad infantil. Entonces hacemos prácticas preventivas sanitarias. Buscamos niños en los domicilios que estén en riesgo de bajo peso para desparasitar, para dar hierro, vitaminas. Nos vinculamos con la comunidad, trabajamos de manera intercultural con amor, con respeto, con empatía hacia el otro. Desde que llegué la relación con la comunidad se afianzó un montón y es un trabajo muy hermoso”.

Además, durante su residencia en Tartagal, todos los lunes Ruiz recibe a mujeres y personas gestantes en el consultorio de acceso a interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo en el Hospital Juan Domingo Perón. Es la única profesional médica que, junto a un equipo interdisciplinario, garantiza este derecho en el departamento de General José de San Martín, que cuenta con una población de cerca de 190.000 habitantes.

Contra todo pronóstico, la mediatización de la persecución judicial a Ruiz provocó un aumento en las consultas de acceso a IVE e ILE.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

“La intención de los grupos celestes era limitar el acceso al aborto. Pero lo que sucedió fue que más gente se enteró de que existía un servicio que funcionaba y empezaron a venir masivamente. Los días siguientes a mi detención se llenó el consultorio. Los de seguridad me protegían y acomodaban a las mujeres para que podamos entrar en el hospital. Otra respuesta impactante fue la del sistema sanitario, porque las psicólogas, trabajadoras sociales y obstétricas organizaron capacitaciones para áreas que nos derivan, para nosotros mismos, para fortalecer y ampliar los equipos. Fue una respuesta local muy interesante”, destaca Ruiz.

Para Verónica Cuevas, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir- Regional Salta, resulta fundamental entender también otros impactos de la criminalización a una profesional de la salud que garantiza el acceso a la interrupción de un embarazo: “Hay una intencionalidad que es política, patriarcal y antiderecho, buscando amedrentar a les profesionales que se animan a hacer efectivo este derecho y atemorizar a las mujeres y personas gestantes que se acercan a pedir un aborto. En el caso de la paciente de Miranda pagó el costo del escrache en la prensa y la presión familiar con la estigmatización que esto conlleva, especialmente en la vida de una joven que ya venía sufriendo vulnerabilidades desde temprana edad. En el caso de Miranda todo lo que significó este último año de su vida”.

En diálogo con Infobae Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, enmarca la gran importancia del sobreseimiento: “Miranda Ruiz actuó de acuerdo al marco legal. Garantizar el derecho al aborto es una obligación para los profesionales de la salud, y ella fue incriminada injustamente por cumplir la ley. El proceso penal nunca debió iniciarse, pero celebramos que por fin la justicia salteña así lo haya entendido. No solo por la justicia que implica para Miranda, sino porque es una forma de ratificar la plena vigencia de la Ley 27.610 y emitir un mensaje correcto a la sociedad: garantizar el derecho al aborto no es delito”.

Ruiz siente la necesidad de esforzar todavía un poco más su garganta. Quiere aprovechar el viento de cola que trajo la decisión del juez Luciano Martini para vociferar con el resto que le queda que la justicia, como la serpiente, solo muerde a los descalzos.

“La ciudad de Tartagal está expuesta a una inseguridad jurídica total. Hoy estoy libre porque soy médica, blanca, porteña y porque me apoyó el movimiento feminista nacional. Pero ¿qué pasa con quienes no tienen voz y están presos? Es una locura que se pueda actuar con tanta impunidad. Se trata de la libertad de las personas. Y estoy segura de que si no fuera médica, blanca, porteña y sin el apoyo de un movimiento nacional yo seguiría presa”.

Fuente Infobae