El salvaje crimen de Blas Correas, el adolescente asesinado por la Policía de Córdoba durante un retén en la capital provincial y por el que 13 efectivos son juzgados, tiene un antecedente casi calcado que ocurrió hace más de 10 años. Se trata del violento ataque a balazos que tres uniformados de esa fuerza de seguridad perpetraron contra un sospechoso en un procedimiento “antidrogas”, llevado a cabo en la localidad de Morteros. Al igual que en el caso de Blas, le dispararon por la espalda cuando escapaba y para ocultar lo que habían hecho, también quisieron plantarle un arma. La única diferencia es que la víctima tuvo algo de suerte y sobrevivió, aunque el tiro le dejó secuelas.

En abril pasado, tras un proceso que se extendió durante más de una década, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Córdoba los halló culpables. Ayer, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, ratificó la condena de tres años de prisión.

De acuerdo con la resolución a la que accedió Infobae, el caso de gatillo fácil ocurrió el 30 de marzo de 2012, aproximadamente a las 21:10, en una casa ubicada en la calle Sucre, en la periferia de Morteros. Aquel viernes, la Policía local desplegó varios allanamientos simultáneos por venta de estupefacientes. En el lugar vivía un hombre identificado como Marcelo Omar Gauna, a quien casi sin mediar palabra comenzaron a dispararle, cuando trató de escapar al notar la presencia policial.

El sospechoso se hallaba en la parte exterior de la vivienda, con el torso desnudo, vistiendo un pantalón corto de color azul y chancletas negras marca “Adidas”. Estaba solo y desarmado. El primero en tirar fue el oficial Nicolás Andrés Colombo, quien luego de emitir la voz de alto, disparó dos veces. Ninguno de sus proyectiles hirió a Gauna. Ambos fueron en dirección al ingreso de la casa: un disparo impactó en la mocheta de la puerta y el otro en la ventana del frente. Hasta ese momento ninguno hirió a Gauna. Sin embargo, lo peor estaba por ocurrir.

En ese momento, el supuesto narco cambió de dirección para escapar en dirección contraria hasta que la policía Ingrid Noelia Casas, ubicada junto al medidor de la luz, resolvió dispararle directamente para tratar de evitar que escapara y a pesar de no recibir ninguna represalia. El disparo de su arma reglamentaria -dice el expediente- impactó sobre la espalda la víctima, lo que le provocó una herida de entrada y de salida, que puso en peligro su vida. El sospechoso cayó herido.

“Me pegaron un tiro por la espalda. Parecía como si me hubieran tirado una bolsa de 50 kilos de cemento por la espalda. Caí boca abajo sobre el piso…. Entonces, me pusieron una rodilla en la espalda. Les dije: ‘¿Por qué me mataron? ‘Callate, hijo de p…’, me respondieron”, declaró el hombre, en su momento, ante el tribunal. “Fueron a matarme”, añadió.

Los efectivos siempre supieron que actuaron fuera de lo que la Ley les permite y por eso se dispusieron en ese momento a llevar adelante el plan para ocultar el desastre que habían ocasionado. De acuerdo con lo que se estableció en la investigación, después de herirlo en la espalda, el oficial Colombo, junto a su compañero Cristian Nelson Ariel Taborda, el otro uniformado que participaba del operativo, arrojaron en una alcantarilla cercana un revólver viejo con la numeración borrada. El objetivo era plantar un arma para señalar que el sospechoso tenía la intención de atacarlos.

“Procuraron cubrir el disparo injustificado efectuado por Casas, arrojando un revólver calibre 22, marca Pasper, sin numeración visible, en una alcantarilla situada frente al domicilio de la víctima, aunque alejada del lugar donde la víctima cayó al recibir el disparo, todo ello con el objetivo de desviar la investigación y convencer que se trató de un enfrentamiento”, indica el expediente.

El Tribunal Oral Federal que condenó a los policías

En la sentencia se destacó, además, que lo que hicieron ambos agentes afectó de manera directa la investigación penal, al alterar y manipular la escena del delito. También, que los acusados, por su condición de efectivos policiales, sabían exactamente cómo habían ocurrido los hechos y aun así decidieron involucrarse para encubrir a su compañera. Colombo aparentó ir a buscar el revólver luego de los disparos, alrededor de la alcantarilla cercana a la casa, donde momentos después casualmente fue encontrado y secuestrado.

En el voto del juez Hornos, se destacó que “las particulares circunstancias evidenciadas en el caso, son demostrativas de que los imputados se alejaron del específico rol que les cabe como preventores y garantes del orden público”. En ese sentido, el magistrado señaló que apartaron “en exceso de sus funciones conferidas y degradando así también la imagen y autoridad del cuerpo policial que integraban al momento del hecho”.

En su apelación a la Cámara, la defensa adujo la oficial Casas disparó de forma instintiva con su arma reglamentaria, “al advertir que Gauna tenía en sus manos un arma y que le estaba apuntando”.

Además, indicó que el arma Pasper plantada “fue buscada y encontrada respetando los protocolos de rigor y en cumplimiento de los procedimientos requeridos en la materia”. Es decir, en presencia de testigos y con la confección de las actas correspondientes. Aseguró que en la casa de Gauna fueron hallados proyectiles del arma, lo que a su criterio demostraría que estaba en su poder y que no había sido “plantada” por los efectivos policiales.

Las condenas y la defensa

Sin embargo, el testimonio de los testigos, incluida la hermana de Gauna, quien estaba en una propiedad contigua al lugar del hecho, más las versiones de otros vecinos que oyeron todo, no desvió la atención del TOF cordobés y los efectivos fueron condenados. La Cámara avaló ayer esa decisión.

Casas fue condenada por el delito de lesiones graves, calificado por ser integrante de una fuerza policial y por haber sido cometido con violencia e intimidación mediante el empleo de un arma de fuego. La pena fue de tres años de prisión condicional, inhabilitación especial genérica para portar armas por el mismo tiempo de la condena y costas procesales.

El juicio oral se llevó a cabo en abril

Taborda fue hallado culpable de ser coautor del delito de encubrimiento agravado por ser funcionario público y el impusieron la misma pena. Finalmente, Colombo fue condenado al mismo monto de año por el delito de abuso de arma agravado por ser miembro de una fuerza policial y como coautor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado. Ambos en concurso penal.

La extensión a lo largo del tiempo del proceso judicial se debió a que en el Poder Judicial se llevó un largo debate de si el presunto caso de gatillo fácil debía ser resuelto por la Justicia provincial o por el ámbito Federal. Tal como señala el diario La Voz, por aquel entonces el fiscal federal Luis María Viaut (recientemente condenado a cinco años de cárcel condicional por coimas) quiso tener el caso por haber ocurrido en el marco de un operativo por drogas.

La fiscal provincial Betina Croppi se desempeñaba en esa época en Morteros, quien fue la que descubrió que había un arma que había sido “plantada” para desviar todo, pretendía lo contrario. La controversia llegó a la Corte Suprema, que resolvió que fuera la instancia federal.

Hoy Gauna, el hombre baleado, está preso y purga condena por trata de personas.

Fuente Infobae