Con más de 220 asesinatos en los primeros 8 meses del año, con una tasa que supera los 20 homicidios cada 100.000 habitantes, Rosario va rumbo al récord histórico de homicidios intencionales en 2022. Una enorme cantidad de los 2327 asesinatos de los últimos diez años en la ciudad están relacionados directamente con el tráfico de drogas y la violencia vinculada a esta actividad. La disputa feroz de las bandas por el control territorial del negocio narco, generan que el 75% de los homicidios sean cometidos con armas de fuego, tasa muy superior a la media nacional. Esta dinámica criminal no solo alimenta un mercado de consumidores ávidos por financiar su consumo que se transforman en “dealers o soldaditos” de las bandas criminales, sino que también altera los incentivos de ascenso y reconocimiento social, llevando a muchos jóvenes a matar por un celular o un par de zapatillas, con una irracionalidad criminal que no ajusta los medios violentos a los fines a conseguir.

Esa situación de deterioro tan marcado que asola a una de las ciudades principales del país se debe al avance de las mafias narcos que hoy controlan el territorio; a una mezcla de cooptación y deterioro de las fuerzas de seguridad que han cedido, bajo la pasividad de sus administradores políticos, el monopolio del uso legítimo de la fuerza en el mismo. No es casual que Rosario sea un objetivo central para las operaciones de los grandes narcotraficantes. Allí convergen casi todas rutas relevantes que vienen del norte desde los principales países productores de estupefacientes, tanto de cocaína como de marihuana. En el mismo sentido, han transformado a la hidrovía, que es una verdadera autopista comercial de Paraguay, Bolivia, sur de Brasil, Argentina y Uruguay, en un viaducto para el tráfico de cocaína hacia Europa. En 2021 más de 27 toneladas de cocaína arribaron al Viejo Continente tras atravesar la hidrovía.

Creer que este es un problema circunscrito a países productores y de consumo final es un grave error. El tráfico de cocaína internacional paga a intermediarios y facilitadores en especies, es decir, dejando parte de esos cargamentos a lo largo de las rutas de circulación. Esa sustancia debe ser volcada al mercado local para generar ganancias a estos grupos. Por ello no es extraño que países como Chile, Uruguay, Brasil y Argentina tengan prevalencias de consumo similares a los Estados Unidos o los principales países europeos. En América del Sur, unas 4,7 millones personas, el 1,6% de la población de 15 a 64 años, consumen cocaína regularmente, transformando a Sudamérica en un mercado maduro que mueve enormes cantidades de dinero. Ya no somos un mero país de tránsito.

El ejemplo de Rosario puede ser indicativo de un rumbo negativo de todo el país en materia de inseguridad. Muestra como la pérdida del control territorial por parte del Estado es ocupado por las bandas criminales. El Estado ingresa a las zonas críticas pero no puede permanecer allí. Con el tiempo ya ni siquiera ingresa en determinados barrios y la vida diaria de los vecinos en aquellos lugares es regida por los líderes criminales. Las peleas entre bandas terminan generando muertos inocentes como “daño colateral”. Así le ocurrió a Virginia Ferreyra, joven bailarina herida mortalmente el 23 de julio de este año mientras caminaba por el sur de Rosario y fue alcanzada por una ráfaga de balas en la parada de colectivos junto a su madre Claudia Deldebbio también asesinada en el mismo evento.

“Vamos a matar a periodistas”, la brutal amenaza en la puerta de Telefe Rosario

Las bandas operan con niveles de violencia cada vez mayores para imponer su liderazgo. A medida que los líderes tradicionales van siendo apresados se produce un doble problema. Los líderes históricos, en la salvaguarda de las cárceles, deben ejercer mayor violencia dentro del territorio para demostrar que siguen detentando el poder. Los más jóvenes que quieren representar y a veces hasta suceder a los antiguos jefes deben demostrar mayor determinación para ejercer ese rol y eso significa sangre y muerte.

Por otro lado, una vez controlado el territorio y la logística, el negocio se expande más allá del tráfico de estupefacientes, por lo cual las bandas criminales comienzan a cobrar “impuestos” criminales y extorsivos por protección de las actividades lícitas en el territorio. También se meten con otros negocios ilegales como el tráfico de armas o el juego. En definitiva, la ilegalidad y la violencia van desplazando del territorio y eventualmente de la ciudad al comercio legal y la libertad de las personas, e inclusive lleva a estas bandas a enfrentarse de forma abierta al Estado. Luciano Cantero de 19 años, cuarta generación de “Canteros” líderes de la banda de los Monos, desde su teléfono en la cárcel enviaba a matar enemigos, coordinaba la red de tráfico de drogas y utilizaba a su pareja Érica Bullón para extorsionar comerciantes y amenazar competidores. Es un ejemplo de la crueldad y el modo de operaciones de estos clanes familiares criminales que imponen al Estado desafíos importantes para combatirlos y desactivarlos.

El narcotráfico requiere corromper instituciones y personas a lo largo de su actividad criminal para poder maximizar los beneficios de su negocio, para reducir riesgos en la operación y para desplazar adversarios, imponiéndose el control selectivo del Estado. Por ello es vital desplazar a todas las bandas criminales cuando el Estado opera en el territorio, sino su accionar puede estar favoreciendo a una de las bandas que intenta monopolizar el negocio. La corrupción es un cáncer que termina condicionando a la Justicia y la policía, que deben ser aquellos que velan porque no se expanda el accionar criminal de estas bandas. También a los políticos se los financia para obtener protección de estos a las actividades criminales.

Rosario es un espejo, adelanta la involución que pueden sufrir otros grandes centros urbanos afectados por este mismo fenómeno. Varios distritos del Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe y Concordia como en los conurbanos de las ciudades medianas y grandes se observan fenómenos similares en estadíos anteriores. Los departamentos judiciales al norte de la Provincia de Buenos Aires ya acusan de forma significativa el impacto de lo que sucede en Rosario. En San Nicolás, los homicidios aumentaron de 14 en 2019 a 21 en 2021, y en Zárate/Campana pasaron de 19 a 31 en el mismo período.

La dinámica de la criminalidad narco es exponencial. Se observa este fenómeno en casi toda América Latina y como un cáncer que va tomando cada vez más órganos cuando lo dejamos expandir sin reacción sostenida y sistemática en el tiempo, termina amenazando la propia subsistencia del Estado y la integridad territorial de la Nación. Si se los deja actuar, estas organizaciones criminales terminan por impulsar candidatos a gobernadores y presidentes, condicionando policías, jueces y fiscales para lograr la impunidad de su accionar violento. Es hora de recuperar la paz en Rosario, convocando de forma permanente al consejo de seguridad interior, y la introducción de un plan basado en un despliegue efectivo de fuerzas federales, una mayor y mejor explotación de la inteligencia criminal, la restauración del control de las cárceles y la recuperación de la policía provincial. Poniendo ese freno a la escalada criminal estaremos dando un mensaje en todo el país que los argentinos no seremos rehenes de la violencia narco.

Fuente Infobae