Iguazú (LaVozDeCataratas)  Ramón Javier Olivera (38), nació en Montecarlo, vivía  desde hace varios años en Iguazú, donde montó su negocio ilegal. Llegó a la instancia de debate imputado por el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización» pero antes de enfrentar un triunvirato de jueces decidió admitir su responsabilidad penal en un juicio abreviado.

En ese marco reconoció que vendía marihuana y pasta base de cocaína fraccionada, por lo que frente a la fiscal general del Tribunal Federal de Posadas, Vivian Barbosa, y su abogada defensora, Sandra Andrea Da Silva, estuvo de acuerdo con la pena impuesta, homologada por el juez Federal Víctor Antonio Alonso, al frente de un Tribunal Unipersonal.

Olivera terminó en prisión el 21 de abril de 2022 tras un allanamiento ordenado por el titular del Juzgado de Instrucción Tres de de Iguazú, Martín Brites, y ejecutado por la División Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional V. «La propiedad estaba situada sobre la calle Marta Schwartz a la cual se ingresaba por el costado de una pollería, al lado del arroyo Tacuara, situándose al final del pasillo, barrio Villa Tacuara», de acuerdo a las especificaciones.

En varios sectores de la casa los uniformados detectaron pasta base de cocaína (pedra) fraccionada en pequeñas cantidades y flores de marihuana. «Encontraron arriba de un freezer, dentro de un pequeño bolso de mano, 14 envoltorios con pasta base de cocaína con un peso de 140 gramos; en el sector de la habitación matrimonial, dentro de una mochila colgada en un estante otras 2 bolsas medianas con flores de cannabis sativa con un peso de 680 gramos, y en ese sector un vaso de vidrio con un pequeño trozo de cocaína base con un peso de 6 gramos», marca el expediente.

También incautaron cuatro teléfonos celulares, dos rollos de papel aluminio, bolsitas de polietileno para hielo usadas para fraccionar la sustancia, dos platos con restos de pasta base de cocaína, una trincheta y 62.450 pesos en billetes de distintos valores.

Desde su detención estuvo alojado en la sede policial pero judicialmente fue ordenado su traslado a una celda de la Unidad Penal Federal 17 de Candelaria «a los fines de comenzar con el tratamiento de resocialización previsto en la Ley Penitenciaria Nacional». La sustancia que tenía en su poder será incinerada.

Fuente: El Territorio