La Policía Federal – PF en Foz do Iguaçu y la Policía Federal de Carreteras (PRF) – a través de su Ministerio del Interior, desencadenaron, el jueves (10) la OPERACIÓN SPOLIARE, para desmantelar el esquema que involucra a funcionarios públicos sospechosos de estar, sistemáticamente, desviando bienes incautados, dando destino diferente al determinado por la ley para obtener ventajas financieras ilícitas, además de facilitar acciones de individuos involucrados en el contrabando y la mala dirección.

La investigación comenzó con el PRF Asuntos Internos y evolucionó hacia el establecimiento de un procedimiento en la Policía Federal y contó con el apoyo del Ministerio Público. En esta fase ostensible de las investigaciones, más de 150 policías federales y 56 policías del Ministerio del Interior del PRF, entregaron 32 órdenes de registro e incautación, 07 órdenes de captura preventiva, 11 órdenes de separación del servicio público y 2 órdenes de secuestro de activos.

Las acciones tuvieron lugar en las ciudades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Céu Azul, Cascavel, Toledo, Telêmaco Borba, Curitiba y São Paulo. Las órdenes judiciales fueron emitidas por el 3º Tribunal Federal de Foz do Iguaçu.

De las siete órdenes de arresto cautelares emitidas, cuatro fueron en contra de los oficiales de la policía federal de carreteras, uno de ellos ya retirado y tres para particulares. Otros siete policías federales de carreteras investigados serán removidos de sus funciones y responderán a los procedimientos administrativos disciplinarios, dentro del propio PRF, que podrán resultar en la sanción de destitución, respetando el debido proceso.

También fue posible recolectar evidencias de que los involucrados realizaron ventas de los productos en plataformas de comercio electrónico, o contaron con la ayuda de particulares para dar destino al material, generalmente enviado al Estado de São Paulo.

Los servidores públicos involucrados serán responsables por delitos funcionales previstos como delitos contra la Administración Pública y, de ser condenados, estarán sujetos a penas máximas que en conjunto excederán los 30 (treinta) años de prisión. Por otro lado, los particulares, que en diversas situaciones actuaron en connivencia con ellos, también serán penalmente responsables de su conducta.

El nombre de la Operación Policial es una palabra de origen latino que significa «robar la posesión; privar de algo ilegítimamente, quitándoselo mediante fraude o violencia; desperdiciar la posesión de algo; robar.» aludiendo a la conducta ilícita practicada por los sospechosos.