Entre el viernes (8) y el lunes (11), Argentina se vio obligada a recurrir a Brasil y Uruguay para mantenerse al día con el suministro eléctrico en el país, tras la decisión de Paraguay, socio del país en la planta binacional de Yacyretá, de suspender la venta de excedentes de energía paraguaya en el mercado argentino.

El conflicto se basa, sin embargo, en la decisión unilateral de Argentina de cobrar peajes en la hidrovía del río Paraná, afectando a más del 80% del comercio exterior de Paraguay. El tema está siendo llevado por el gobierno paraguayo, junto con Brasil, Bolivia y Uruguay, al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con una solicitud de arbitraje internacional.

Santiago Peña confirmó el malestar generado por la recaudación de US$ 1,47 (unos R$ 7,50) por tonelada y el decomiso de buques paraguayos por falta de pago de la tarifa.

«Alzamos la voz y pedimos a Argentina que reconsidere esta medida arbitraria y unilateral que ha estado tomando. Lo que estamos haciendo son acciones de defensa para Paraguay, que es un país sin salida al mar. Para nosotros, la hidrovía es un canal de comunicación fundamental para todo lo que entra y sale de Paraguay», dijo.

«Desafortunadamente, hemos llegado a esta situación, pero deseo que todo se pueda resolver lo antes posible, estoy convencido de que esto puede ser así. Si hay predisposición política y buena voluntad, estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento», agregó el presidente paraguayo.

Diplomacia: Ayer mismo (11), el Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, sostuvo una reunión con la Secretaria de Energía de Argentina, Flavia Royon. Hablando después de la reunión, Lezcano calificó el diálogo como positivo, pero dijo que no podía revelar los detalles de la conversación.

El embajador de Argentina en Paraguay, Domingo Peppo, dijo que «el conflicto está subiendo de tono no por voluntad argentina, sino por Paraguay, que ha tomado medidas que nada tienen que ver (suspensión de la venta de energía de Yacyretá) con lo que se había trabajado».

Según el diplomático, «el tratado que regula la vía acuática dice que los países no pueden cobrar impuestos sobre el río, pero pueden cobrar tarifas de retribución por los servicios que se prestan en el río. Argentina hoy invierte millones para la conservación de la vía acuática, es justo que esto lo paguen quienes más usan el tramo, que son los paraguayos».