Iguazú (LaVozDeCataratas) Por ejemplo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, el 27 de septiembre hubo una paralización casi total, solo permanecieron activas guardias indispensables. Además, se expuso públicamente una situación que tiene en vilo al sector.

Los tres gremios que representan a las personas que cumplen tareas en Parques Nacionales, es decir, el Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (SIGUNARA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), convergieron en una acción conjunta, algo que resultaba inimaginable debido a las diferencias que suele haber entre ellos.

Cabe recordar que cuatro guardaparques y los propietarios del camping donde ocurrió el hecho están procesados.

La opinión generalizada entre quienes desempeñan labores en las áreas protegidas es que, en caso de una decisión judicial negativa, ya no se debería permitir el acceso de visitantes a determinadas zonas, porque se podría culpar a los trabajadores por cuestiones vinculadas a la naturaleza, tal como consideran a lo que sucedió en la provincia de Neuquén.

En ese contexto, hubo novedades relevantes previas al juicio. Las dos querellas particulares, impulsadas por parientes de los menores fallecidos, quedaron afuera de la acción judicial.

El abogado Santiago Martínez Winter, contratado por la Administración de Parques Nacionales para la defensa de dos de los guardaparques (los otros cuentan con letrados particulares), explicó: “En la primera audiencia preliminar, el 4 de agosto, el presidente del tribunal fijó no solo la fecha del debate, del 30 de octubre al 2 de noviembre, sino que también estipuló los plazos para ofrecer la prueba”. En tal sentido, el letrado señaló que ninguna de las querellas cumplió con el término. Una interpuso un recurso de reposición, pero fue rechazado. De tal manera, solo participará como parte acusadora el Ministerio Público Fiscal.

Martínez Winter consideró que, si bien puede considerarse como una cuestión vinculada a “un error de índole procesal” por parte de los letrados, en realidad pareciera que “tomaron dimensión acerca de lo que significaba hacer uso del dolor como instrumento de palanca para envalentonar a los familiares y embarcarlos en un proceso penal, engañándolos, convenciéndolos de que el personal de Parques Nacionales o los propietarios del camping eran responsables de la caída del árbol, lo que ya se sabe que es de origen natural”.

“Corrían un riesgo muy grande de perder el juicio”, manifestó quien representa a dos de los guardaparques procesados, para luego reflexionar que los abogados seguramente decidieron dar un paso al costado “por una cuestión de conciencia, como también por los riesgos de tener que enfrentar las costas del proceso”.

“Creo que existió un error voluntario de rehusarse a presentar las pruebas dentro del término fijado por la Justicia”, afirmó, incluyendo a la parte que interpuso un recurso de reposición como forma de enmendar el error, ya que, a su entender, era notorio que la Justicia no lo iba a aceptar, así que solo se habría tratado de una especie de pantomima.

“Los familiares han quedado procesalmente huérfanos”, sostuvo el letrado, para quien la supuesta equivocación podría tildarse de “una mala praxis procesal, una incompetencia profesional de no tener en cuenta los plazos”, pero, al haber una coincidencia de las querellas en el desliz, en realidad, “se dieron cuenta de que hicieron una acusación basada en hechos que no resisten el más mínimo análisis”.

“Para mí, se trató de algo totalmente voluntario para no ir a juicio, porque se les cayó la bolsa de mentiras”, aseguró.

Por otra parte, el abogado resaltó que, debido al accionar anterior de la fiscalía provincial neuquina (en este momento el caso está en el fuero federal), “la defensa tuvo acceso a las pruebas recién el 4 de agosto”.

“El Ministerio Público Fiscal provincial las había ocultado en carácter de reservadas, lo que es un disparate jurídico. Se vulneraba el derecho a la defensa”, afirmó.

A modo de conclusión, Martínez Winter aseveró: «Contamos con elementos más que suficientes para lograr la absolución definitiva de mis defendidos, y creo que también del resto de los imputados, porque esta vulneración del derecho de la defensa afecta a todos”.

Fuente: Elcordillerano