Tucumán: Técnico informático espió a siete universitarias y su novia lo delató

Sergio Robles, empleado de Famaillá y con vínculos con el gobierno local, las observaba en vivo, les robaba contenido íntimo y accedía a sus chats. Su ahora ex pareja reveló el horror y, junto a las otras víctimas, lograron que lo condenaran

La confianza puede convertirse en espanto. El amor, en asco. La seguridad, en miedo. Todo eso vivió R.G. desde que comenzó esta historia. Ella era la novia, la víctima y quien descubrió la trampa. La semana pasada, la Justicia condenó a su ex pareja Sergio Ricardo Robles, un técnico informático de 37 años y empleado municipal de la ciudad tucumana de Famaillá, a una pena de 3 años de cumplimiento condicional por haber espiado al menos a siete jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarias, con programas que instaló en sus dispositivos tecnológicos.

Robles, que trabajaba en el Centro de Monitoreo de Famaillá, a través de esas herramientas podía observar a sus víctimas en tiempo real, robarles contenido íntimo y acceder a sus chats, entre otras cosas.

“Muy fuerte. La verdad, es una horrible sensación… Pensar que durante años, mientras era mi pareja, hacía todo eso, me da mucho asco. Además, siento que abusó en muchos sentidos de mí. Se aprovechó de que yo era mucho menor que él, que tenía la autoestima baja, que no tenía amigos ni apoyo de mi familia para acercarse y me hizo creer que sin él estaría sola”, describió sus sentimientos R.G. en diálogo con Infobae.

En un pueblo como Famaillá, donde viven menos de 30 mil personas, Robles tenía un escenario que le era cómodo para actuar. Por un lado, su trabajo profesional en el Centro de Monitoreo local hacía que sus conocidos le confiaran cada uno de sus dispositivos y computadoras cuando necesitaban arreglarlos. Por el otro, sus vínculos con el poder lo hacían sentir impune.

“Cuando lo descubrí, solo lo enfrenté a él y de esto sabía solo mi familia. Ellos me recomendaron que no dijera nada. Mi mamá tenía miedo de que él me hiciera algo si hablaba, porque era amigo del Intendente y de policías de aquí”, rememoró la víctima.

La pena impuesta por el juez Mario Velázquez, del Colegio de Jueces de Monteros, Tucumán, corresponde a los cargos de violación de la intimidad y daños (artículos 153 y 89 del Código Penal), en un contexto de violencia de género, una perspectiva que la propia Fiscalía Especializada en Género se había negado a reconocer. Para ello, fueron fundamentales los testimonios de María Fabiana Lávaque, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, y de María Fernanda Mónaco Rodríguez, psicóloga de la Oficina de Violencia Doméstica del Centro Judicial del Este. Ellas fueron quienes detallaron qué tipo de lesiones les provocó Robles a las víctimas en su salud mental.

El condenado no podrá brindar servicios en ningún área informática del Estado
El condenado no podrá brindar servicios en ningún área informática del Estado

Según informó la Fundación “Mujeres x Mujeres”, que estuvo al frente de la querella con la abogada Soledad Deza a la cabeza, la asimetría de poder derivada del género, la edad y el vínculo de confianza basado en su reputación pública que le daba al acusado trabajar en el Centro de Monitoreo municipal, fueron incorporados a la causa y valorados por el juez Velázquez al momento de la sentencia.

“Trabajar con perspectiva de género implica el esfuerzo de los operadores de justicia por ponerse en los zapatos de las víctimas y entender que son personas con sus contextos, con sus experiencias y realidades” expresó Velázquez.

En su fallo, el juez le ordenó a Robles:

  • Permanecer a disposición del tribunal y comparecer una vez por mes mientras dure la condena.
  • Prohibición de acercamiento por 3 años a una distancia inferior a 300 metros a las víctimas y a sus domicilios.
  • Realizar un curso sobre masculinidades y género en el Observatorio de la Mujer.
  • Abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes en exceso y tiene prohibida la portación de armas.
  • Realizar un tratamiento psicológico (de manera pública o privada) con reporte mensual en el Poder Judicial por el tiempo que el profesional considere necesario.
  • Reparar económicamente a cada una de las víctimas por los delitos cometidos.
  • Donar lo recuperado del delito a una institución de ayuda a mujeres que sufren violencia de género, que designe la oficina de políticas reparatorias del Ministerio Público Fiscal (MPF).
  • Impedir que preste servicios en ningún área informática del Estado.

Además, el magistrado, a pedido de las víctimas, también exhortó al MPF a articular con el Poder Ejecutivo capacitaciones en género a las comisarías de la localidad. Y no solo por una cuestión protocolar.

“El único problema, como sabíamos que iba a pasar, fue la comisaría de Famaillá. No querían tomar la denuncia hasta que les mostraran los videos. Fue algo traumático porque se tenían que mostrar videos íntimos a los policías para que te creyeran y solamente así fue que lo detuvieron”, se volvió a indignar R.G..

“Mis sospechas empezaron cuando entraba a su pieza de sorpresa. Lo encontraba frente al monitor viendo un video que mostraba una habitación, como si fuera una videollamada. La primera vez que lo encontré viendo eso, le pregunté qué era varias veces. Primero esquivó el tema y, luego, empezó a decirme que era egoísta, que no confiaba en él, que mi actitud no era correcta, que era una malagradecida porque él siempre pensaba en mí y yo lo acusaba. Todo eso me hizo sentir mal, así que dejé de preguntar”, comenzó a narrar su historia R.G. ante este medio.

La culpa, siempre sobre la víctima. Hubo episodios similares por los siguientes dos meses. Hasta que cayó el velo del horror: “Esta vez, esperé que se fuera a trabajar para revisar la computadora. Encontré toda una carpeta con videos de chicas que conocía”. Una vez más, efectos del pueblo chico. No solo R.G. reconoció a víctimas muy cercanas a ella, sino que a quienes no lo eran también pudo identificarlas. En Famaillá, todos se conocen.

“Quedé en shock. Incluso, si lo pienso ahora, no tengo recuerdos muy claros de lo que pensé en ese momento. No lloré ni me enojé, solo me quedé mirando… Fue peor mi reacción cuando vi que había videos de gente cercana a mí”, expresó quien hasta ese momento vivía en una historia de amor como cualquier otra.

Pero el shock le dio un rápido paso a la acción: “Lo único que sí recuerdo claramente es que lo primero que pensé cuando volví a la realidad, por así decirlo, es que necesitaba tener los videos, que si salían a la luz necesitaba demostrar que fue él quien los publicó. Además, para que me crean que salieron de su computadora, saqué muchas fotos de su computadora mostrando los videos y además la lista de los correos electrónicos a los que tenía acceso”.

El condenado no podrá acercarse a menos de 300 metros de sus víctimas
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Al ser enfrentado y dejado por R.G., Robles siguió con su plan psicópata. Para todos, su novia lo había abandonado por egoísmo y hasta amenazó con suicidarse. “Entre las historias que contaba, una era que yo le encontré pornografía gay, que yo no estaba conforme con él porque le exigía mucho, y así”, revivió la verdadera víctima en la charla.

Y comenzó el verdadero trabajo para lograr justicia. R.G. le contó a otra de las víctimas, que además era vecina de Robles: ”Les dijo a las demás chicas y vinieron a mi casa. Les mostré los videos y les di todos los detalles de lo que pasó. Ellas me dieron mucho valor para poner la denuncia, porque al principio estaba sola y, a la vez, tenía miedo de que ellas me odiaran por no haber dicho nada. Todo lo contrario, me comprendieron y me dieron valor”.

R.G., C.A., A.C., V.V., V.C., M.L. y M.C. habían comenzado la lucha más dura de sus vidas. El cónclave fue un viernes y decidieron mantener el silencio hacia afuera hasta el lunes, día en que pensaban radicar la denuncia en Monteros, ya que sentían que “en Famaillá no se podía”. Pero hubo un cambio de planes.

“El domingo una de las chicas puso la denuncia porque se terminó enfrentando a él y, después de una pelea, los dos terminaron en la comisaría de Famaillá. Él quedó detenido todo el domingo a la noche y el lunes al mediodía ya estaban allanando su casa”, explicó R.G.. En el procedimiento, llevado a cabo por el fiscal Marcelo Leguizamón, se secuestraron gran cantidad de material fílmico (cerca de 90 archivos), tres computadoras, monitores y teléfonos celulares.

R.G. contó que el proceso, que duró más de un año, lo vivió, lógicamente, “con miedo”. “Como él estaba en libertad, tenía miedo de que me buscara y me hiciera daño a mí o a mi familia. Y también el miedo constante de que salieran mis videos… Lo único que hizo la Justicia fue darle una orden de alejamiento que él rompió los primeros meses y, a pesar de las denuncias, no se hizo nada”, denunció. Incluso, Robles permaneció en su domicilio por un mes, a pesar de que no podía porque una de sus víctimas era vecina suya.

Ahora, ya con la condena, R.G. afirmó sentirse “tranquila porque terminó, pero no muy satisfecha, porque después de todo el daño que hizo debió tener una pena más severa”. “Pero a la vez comprendo que con todas las fallas y trabas de la Justicia y gracias al esfuerzo increíble de la Fundación, que hayamos conseguido cerrar el caso de esta manera es algo para sentir alivio”, aclaró.

“Todo eso fue muy traumático, pero sé que lo podré superar con la ayuda adecuada”, concluyó R.G., comenzando una nueva vida.

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