Finalmente el gobierno nacional difundió el informe de los gastos del primer protocolo antipiquete: aseguró que costó alrededor de $60.000.000 y confirmó que “se les pasará la factura” a los grupos que impulsaron la marcha del 20 de diciembre.
El vocero presidencial Manuel Adorni detalló que se identificó la participación de 14 organizaciones y las enumeró: Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.
“Se denunció el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales”, detalló el portavoz en la rueda de prensa diaria que ofrece en Casa Rosada. La presentación recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
En el mismo sentido, Adorni precisó que en la línea 134, que fue habilitada para que los beneficiarios de planes sociales denuncien aprietes o amenazas de los punteros políticos por no participar en las marchas, “se recibieron 16.150 llamadas, de las cuales hay 1.200 que se encuadraban dentro de la tipología señalada” en la presentación judicial.
Hasta el momento hay 32 personas denunciadas y el gobierno nacional asegura que tiene el detalles de “quiénes son, cómo se llaman y en qué organización operan”.
Este viernes, en el Boletín Oficial, a través de la resolución 949/2023, se determinó que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal debían evaluar los costos de los operativos que “se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos” -dice el texto en sus fundamentos-, en alusión a la interrupción de corte de calle.
En la misma resolución se precisó que se iban a tener en cuenta los siguientes criterios de ponderación de gastos:
– Las horas/hombre empleadas en cada operativo, que se calcularán según la remuneración por jerarquía de cada uno de los uniformados que participaron.
– El combustible utilizado.
– Los elementos consumidos en los operativos
– Otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo.
De ese relevamiento surge el dato del costo de 60.000.000 que generó la implementación del primer protocolo antipiquete, que fue diseñado por el ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. “Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo del gasto que no le corresponde (pagar) a la ciudadanía”, remató el vocero.
Luego de la conferencia, el Ministerio de Seguridad difundió el informe final y agregó: “Se desarrolla el proceso de identificación de las personas que cortaron la vía pública, en violación al artículo 194 del Código Penal, de las que ya se identificaron 35. Aún faltan verificar varias de las cámaras. Sin embargo, el pequeño número de infractores demuestra el éxito del operativo desplegado”.
“Aún se desarrolla el procedimiento de cruce con las bases de datos para verificar quiénes poseían un plan social a fin de proceder de acuerdo con las normas del Ministerio de Capital Humano”, se apuntó en el mismo texto.
Mientras Adorni hablaba ante la prensa, la Corriente Clasista y Combativa (una de las 14 organizaciones denunciada por el Gobierno de Milei) se organizaba para marchar al Obelisco porteño en rechazo al DNU del Gobierno.
Esta mañana, bien temprano, la ministra Bullrich informó que se había activado el Protocolo Antipiquetes a las 4 de la madrugada para evitar cortes en la Panamericana, en el Puente Pueyrredón, en el Congreso y en Casa Rosada. Aclaró además que en la Ciudad de Buenos Aires es la Policía local era la encargada de evitar los cortes de calle.
