El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, suspendió el pago del programa Potenciar Trabajo a 22.501 beneficiarios que viajaron al exterior. Será por tres meses, período en el cual deberán empadronarse otra vez, justificar su situación de “vulnerabilidad social y económica” y explicar como hicieron para viajar a Europa en avión o en yates, entre otros medios, mientras percibían el plan social por parte del Estado. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la “Resolución 82/2024″.

Los nombres y documentos de identidad figuran en un anexo -que no se hace público- y se le ordena a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, “a notificar la presente medida a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) (a cargo de Guillermo Marijuan) y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, para que se investigue los presuntos delitos de “defraudación a la administración pública” y de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” a los responsables del programa por no controlar. Es decir, que hasta ahora la denuncia penal no se realizó.

Según la documentación oficial a la que accedió este medio, al menos 85 personas viajaron fuera de la región. 14.695 beneficiarios viajaron al exterior “por un período mayor a 30 días”. Y 2939 lo hicieron en avión o crucero. Otros 4782 no solo vacacionaron en playas paradisíacas o ciudades como Londres, Paríos, Holanda o Roma, sino que en el entrecruzamiento de datos con bases como la ANSES y la AFIP, entre otras, tienen autos de menos de cinco años de antigüedad, o empleo formal, entre otras incompatibilidades.

Las 22.501 a las que se les suspendió el denominado “Salario Social Complementario” no cumplirían con los criterios impuestos para cobrar el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por 20 horas semanales en una Unidad de Gestión, como cooperativas que dependen de movimientos sociales, municipios, gobernaciones y otras organizaciones, y que es para “mejorar los ingresos de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, cuya finalidad es contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios y sus familias”.

La resolución publicada en el Boletín Oficial está firmada por Pablo María de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, continuadora del Ministerio de Desarrollo Social. Allí, hace mención que -tal como publicó de manera exclusiva Infobae– “el 25 de octubre de 2023, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) formuló denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de (160.000) planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior durante el período de vigencia de su prestación, dándose origen a la causa N° CFP 3749/2023 caratulada “N.N. s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández sus ministros de Desarrollo Social fueron Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz. En ese período, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, era el responsable directo del Potenciar Trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Económico, donde estaba a cargo de las altas, las bajas y el control del programa más importante de la cartera junto al Programa Alimentar.

En la resolución 82/2024 se destaca:” Conforme lo establecido en el Punto 7.4 de los lineamientos aprobados por la Resolución 2021-1868 del Ministerio de Desarrollo Social a partir del primer mes y durante el segundo mes de suspensión, el titular podrá presentar reclamo respaldado por documentación correspondiente, la cual será evaluada oportunamente por la autoridad de aplicación, teniendo en cuenta que el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario no se condice con el estado de alta vulnerabilidad social y económica que constituye el principio rector del mencionado Programa Potenciar Trabajo cumplido el plazo de tres meses desde la suspensión, de no obrar reclamo, se resolverá el egreso del Programa”.