Estos guardias de seguridad cobran por sus servicios a cada hogar, operando clandestinamente y, en lugar de proporcionar una solución, podrían convertirse en un problema para los ciudadanos.

Estos grupos parapoliciales, visibles para todos, recorren los barrios en motocicletas con luces de emergencia. Cuando detectan vehículos o personas desconocidas en el vecindario, los siguen e incluso los interceptan, una acción completamente ilegal. La Constitución Nacional garantiza la libre circulación, y estas personas armadas no tienen autoridad para pedir identificaciones. Cualquier persona puede denunciarlos por amenazas, ya que están armados y realizan labores que competen a la Policía Nacional.

Aunque muchos ciudadanos defienden su labor, argumentando que la Policía está completamente sobrepasada, la actividad de estos guardias es ilegal. No tienen autorización para portar armas, una prerrogativa exclusiva de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La semana pasada, uno de estos guardias ciudadanos hirió a dos indigentes, uno de ellos un menor de 16 años. La Policía no investigó el incidente ni pudo identificar al autor del disparo, quien debería ser detenido por intento de homicidio.

La presencia de estos grupos parapoliciales es cada vez más frecuente, y cobran por sus servicios. Los residentes que pagan por ellos creen que están comprando seguridad, pero esta podría ser una ilusión, ya que los guardias pueden conocer todos los movimientos de una casa y, si el propietario deja de pagar, podrían pasar la información a delincuentes.

Además, se sabe muy poco sobre los antecedentes de estos guardias, lo que añade un nivel de riesgo adicional para la comunidad.

Fuente ahoracde.com