En una reciente entrevista con el programa “El Periodista” de Canal 12, la fiscal Daniela Dupuy, al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, ofreció detalles sobre la investigación que inició en enero contra el diputado de Activar, Germán Kiczka y su hermano Sebastián.
La letrada reveló que la investigación comenzó tras una alerta del International Center for Missing Children, que detectó la distribución de material de abuso sexual infantil en 15 países. Dupuy explicó que la alerta internacional llevó a una serie de allanamientos simultáneos en varios países, incluyendo Argentina.
“En el país efectuamos muchos allanamientos, incluyendo uno en Misiones, que resultó en la confiscación de dispositivos electrónicos de los hermanos Kiczka,” afirmó. Así, aclaró que esta operación fue parte de una investigación de mayor envergadura que ha involucrado a numerosos países y jurisdicciones.
Asimismo, la fiscal también habló sobre la naturaleza del material encontrado. “Recibimos 300 denuncias de explotación sexual infantil, muchas de las cuales incluían imágenes extremadamente perturbadoras de abuso de menores“, indicó. Además, dio cuenta que a pesar de estar acostumbrada al material, aseguró que es imposible naturalizar la brutalidad de estos abusos.
En cuanto a la identificación de las víctimas, la abogada aclaró que aún no es posible confirmar si hay niños de Misiones en las imágenes encontradas. “El análisis de los dispositivos secuestrados fue realizado por el laboratorio informático forense en Misiones, y aunque se han encontrado evidencias, la investigación debe profundizarse para identificar a todas las posibles víctimas,” explicó.
Del mismo modo aclaró, que en el caso de personas involucradas con estos delitos “el que distribuye material de abuso sexual infantil, a menudo también produce y comete abusos. En muchos casos, hemos encontrado pruebas de que estos individuos no sólo consumen sino que también perpetran delitos.” Mencionó casos que comenzaron con explotación sexual infantil y evolucionaron hacia grooming, abusos y trata de personas en Buenos Aires.
No obstante, aclaró que “las penas en Argentina son severas, especialmente para casos con gran cantidad de material ilícito. La ley actual obliga a cumplir la totalidad de la condena, lo que asegura que los delincuentes no puedan evadir la justicia”.
“El caso de los hermanos Kiczka es grave, pero es solamente un componente dentro de una investigación global más extensa,” señaló la funcionaria judicial. Por eso, a pesar de la gravedad del caso, recordó que representa una fracción de una red mucho más grande de explotación infantil en línea.
Fuente Canal12