Iguazú (LaVozDeCataratas) El Gobierno provincial alerta sobre el índice extremo de peligrosidad de incendios en Misiones, ya que tal amenaza ambiental puede acarrear graves consecuencias para la biodiversidad y el turismo. Desde la Provincia llaman a la responsabilidad colectiva para preservar los recursos naturales y la economía local.
En ese marco, se recuerda a la ciudadanía la vigencia de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que establece un marco legal claro para prevenir y sancionar las actividades que contribuyen a los incendios forestales en Argentina.
En el capítulo VII de dicha normativa, se detallan las infracciones y las sanciones que buscan disuadir conductas que puedan poner en riesgo los bosques, pastizales y humedales del país.
Según el artículo 32 del documento, constituyen infracciones, acciones como encender fuego en bosques y pastizales sin autorización, no reportar focos de incendio a las autoridades, realizar quemas prohibidas y obstaculizar el trabajo del personal combatiente de incendios. También se incluyen omisiones como la falta de planes de protección cuando estos son requeridos.
En cuanto a las sanciones, el artículo 33 de la mencionada ley, regula penas económicas que pueden alcanzar cifras millonarias. Las multas van desde un sueldo básico de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional, equivalente a $226.229,23, hasta 50 sueldos básicos, lo que representa $11.311.461,5 al 1 de octubre de 2024, según la escala salarial vigente. El producido de estas multas se destina al Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Además de las multas, la ley contempla otras medidas como la clausura de establecimientos, la pérdida de concesiones, regímenes impositivos o crediticios, y la prohibición de desarrollar actividades agropecuarias en los terrenos afectados. Estas sanciones sólo se aplican luego de un procedimiento sumario en la jurisdicción donde ocurrió la infracción, garantizando el debido proceso legal.
Asimismo, según la Ley Nº 27.604, se prohíbe durante 60 años modificar el uso del suelo, realizar loteos o subdivisiones, y emprender actividades inmobiliarias en las superficies afectadas