Iguazú (LaVozDeCataratas) El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, trabaja en un proyecto de ley denominado «Igualdad ante la Ley», cuyo objetivo es eliminar lo que consideran «discriminación positiva» en las legislaciones vigentes. Esta iniciativa incluye la derogación de la figura de femicidio del Código Penal y otras normas como la Ley de Identidad de Género (N.º 26.743) y el cupo laboral trans (N.º 27.636).
El proyecto también apunta contra el DNI no binario y aspectos de la Ley Micaela (N.º 27.499), entre otros marcos normativos que, según el Ejecutivo, garantizan “un trato diferencial ante la ley”. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que no incluirá la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ni la Ley de Matrimonio Igualitario.
La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, junto al asesor presidencial Santiago Caputo, lideran la redacción del proyecto, mientras el presidente Milei insiste en la eliminación de políticas que considera «ideológicas». En sus discursos, Milei ha criticado abiertamente al feminismo radical y las políticas de género, argumentando que «todos los habitantes son iguales ante la ley».
Una de las propuestas más controvertidas es la eliminación de la figura de femicidio, que actualmente se encuentra en el artículo 80 del Código Penal como agravante de homicidio por razones de género. Esto, a pesar de que las estadísticas muestran que en 2024 se registraron 255 femicidios en el país, con un promedio de una mujer asesinada cada 29 horas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ya había anticipado en noviembre que el Gobierno planeaba avanzar en esta dirección, asegurando que el ingreso a empleos públicos debe basarse exclusivamente en la idoneidad de las personas, sin distinción de género u otros factores.
El debate sobre este proyecto, que podría generar una fuerte controversia en el Congreso, está previsto para el período de sesiones ordinarias. Desde el oficialismo no descartan utilizar la medida como parte de la agenda electoral, independientemente de los respaldos políticos necesarios para su aprobación.
Mientras tanto, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil ya han manifestado su preocupación ante lo que consideran un retroceso en los derechos conquistados por las mujeres y las comunidades trans en Argentina.
Fuente: NA
