¿Qué establece la nueva regulación?

El gobierno de la Ciudad estableció un plazo de 180 días para que propietarios y administradores registren sus propiedades en un padrón oficial. A partir de su inscripción, las plataformas deberán cobrar un 1,5% por persona por noche en concepto de derecho de uso urbano a los turistas extranjeros, un tributo que será destinado a financiar el programa de promoción turística Visit BUE.

Según Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño, la medida busca ordenar el mercado, garantizar la transparencia en las operaciones y proteger tanto a los turistas como a los residentes. “Como una de las grandes capitales de la región y del mundo, nuestro objetivo es construir un destino cada vez más atractivo y queremos incorporar este tipo de alojamientos a la oferta formal”, sostuvo.

La ausencia de controles ha permitido la proliferación de alojamientos informales, algunos sin condiciones mínimas de seguridad ni habilitación, lo que genera incertidumbre para los viajeros y afecta a la industria hotelera, que debe cumplir con estrictas normas impositivas y sanitarias.

Desde distintos sectores del turismo han señalado que la falta de regulación nacional genera una desigualdad de condiciones que perjudica a los hoteles y cabañas habilitados, además de reducir la oferta de viviendas en alquiler permanente para residentes.

¿Qué implicaría la regulación en el resto del país?

Si la medida se extiende a nivel nacional, las provincias y municipios podrían implementar registros obligatorios, inspecciones y sistemas de tributación específicos para los ATT. Esto permitiría:
Garantizar estándares de calidad y seguridad en los alojamientos.
Evitar la competencia desleal con hoteles y hosterías.
Recaudar impuestos que podrían destinarse a la promoción turística y el desarrollo local.
Disminuir la escasez de viviendas en alquiler permanente en zonas turísticas.

El debate sobre la regulación de los alquileres turísticos ya está en marcha y todo indica que la medida porteña será el puntapié inicial para una normativa de alcance nacional. El desafío será lograr un equilibrio entre la oferta de alojamientos alternativos y la protección de la actividad hotelera y residencial.