Tratarán el decreto que prohíbe tratamientos de hormonización en menores

Iguazú (LaVozDeCataratas) La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados debatirá este martes el decreto del gobierno de Javier Milei que impide los tratamientos de hormonización para cambios de género en menores de edad.

En la agenda a tratar también se encuentran los cambios que la administración libertaria quiere impulsar en la ley de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros «Diana Sacayán-Lohana Berkins», que establecía que el Estado debe destinar un 1 por ciento de los cargos a esa población.

Es por eso que la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, de Unión por la Patria (UP), convocó a una reunión para este martes a las 14 para que expongan representantes de organizaciones de LGTBIQ.

La legisladora le indicó a la agencia NA que existen «colectivos que están siendo muy afectados por las últimas definiciones de Milei».

En ese sentido, anticipó que se «trabajará» con referentes de la comunidad LGBITQ sobre «las consecuencias del discurso de Milei cargado de violencia y de persecución, que por ejemplo implica el ataque que sufrió una pareja de lesbianas hace pocos días, el incendio en la casa de Cañuelas también de una pareja lesbiana».«Cómo todos esos avances en contra de los derechos terminan teniendo un impacto muy doloroso en la vida de muchas personas en relación a su vida, su vida cotidiana y también en relación a los proyectos y a los procesos vitales de cada uno», agregó.

El presidente Javier Milei reformó el articulo 11 de la ley 26743 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que indica que los menores de 18 años no podrán cambiarse de sexo en el DNI ni tampoco hacer tratamientos de hormonización.

Esta ley fue impulsada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que la decisión del Gobierno es rechazada por la gran mayoría de los diputados kirchneristas, mientras que fue respaldada por el expresidente Mauricio Macri.

Al tomar la decisión, el Gobierno explicó que los menores de edad son «son personas en desarrollo que tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral».

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