Iguazú (LaVozDeCataratas)La medida fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 103/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El decreto establece que, una vez finalizadas las causas judiciales o administrativas, las armas incautadas serán remitidas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), dependiente del Ministerio de Seguridad, para su resguardo y posterior destino. Con esta decisión, se modifica la Ley N° 25.938, que anteriormente exigía la destrucción obligatoria de estas armas.
Según el Gobierno, la medida responde a un criterio de austeridad y eficiencia en la administración de recursos, evitando la adquisición innecesaria de nuevo armamento para las fuerzas federales. Además, se implementarán mecanismos estrictos de trazabilidad para garantizar su control y prevenir su desvío al circuito ilegal.
El objetivo de la iniciativa es fortalecer el equipamiento de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito y el crimen organizado, asegurando que los recursos incautados sean utilizados de manera efectiva en la protección de los ciudadanos.
