Iguazú (LaVozDeCataratas) En noviembre de 2023, el entonces presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 643/2023, tras el acuerdo del Honorable Senado de la Nación, mediante el cual se designó al doctor Marcelo Alejandro Cardozo como juez titular del juzgado federal con asiento en Iguazú. Previamente, ya había sido nombrado el defensor público oficial, el doctor José Carlos Benítez, mediante el Decreto 561/2017.

A la par, el Estado nacional alquiló un inmueble ubicado sobre la calle Correa Luna al 250, el cual fue equipado con mobiliario, cableado e infraestructura informática específica para el funcionamiento del juzgado y de la defensoría. Sin embargo, el edificio permanece cerrado y sin actividad judicial.

Desde el sindicato de trabajadores judiciales (UEJN), a través de una nota firmada por su secretario general Julio Piumato, se expresó una “profunda preocupación” ante la falta de habilitación del juzgado, y se solicitó al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema que se tomen medidas urgentes para resguardar el edificio y los bienes del Estado Nacional ante el riesgo que implica su estado actual, sin custodia ni vigilancia.

A su vez, mediante un oficio emitido en febrero de 2025 por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, se pidió a la Corte Suprema que disponga las medidas necesarias para la toma de juramento al juez Cardozo, trámite que permitiría avanzar con la puesta en funciones del tribunal. Sin embargo, hasta la fecha, no hubo avances públicos ni respuestas oficiales.

Este medio solicitó acceso a la información pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para conocer el estado del trámite y los motivos de la demora, esperando una pronta respuesta. En una región con problemáticas como el narcotráfico,  contrabando y delitos federales de gran escala, la ausencia de un juzgado federal en funcionamiento representa una grave falencia estructural.

Iguazú cuenta con la infraestructura, los recursos humanos designados y una necesidad real de justicia federal. Solo falta la voluntad institucional para que este juzgado deje de ser una promesa inconclusa y comience a cumplir su función en uno de los puntos más estratégicos del país.