A nueve meses, en el Juzgado Federal de Iguazú se invierten fondos públicos en un edificio cerrado

La situación fue advertida en marzo de este año por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), mediante una nota firmada por su secretario general, Julio Piumato, y dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Horacio Rosatti. En el documento, se solicitó la intervención urgente de las autoridades judiciales para salvaguardar los recursos del Estado Nacional invertidos en el inmueble.

Iguazú (LaVozDeCataratas)El edificio destinado a ser sede del Juzgado Federal de  Iguazú continúa sin habilitación ni funcionamiento, a pesar de que el Estado Nacional paga alquiler desde el 20 de septiembre de 2024. La propiedad, ubicada sobre calle Correa Luna Nº 250, fue equipada con mobiliario, cableado e infraestructura tecnológica, pero permanece sin custodia, ni vigilancia, generando un alto riesgo para los bienes públicos.

La situación fue advertida en marzo de este año por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), mediante una nota firmada por su secretario general, Julio Piumato, y dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Horacio Rosatti. En el documento, se solicitó la intervención urgente de las autoridades judiciales para salvaguardar los recursos del Estado Nacional invertidos en el inmueble.

Tras la difusión de la situación por parte de  LaVozDeCataratas, donde se expuso la falta de avances en la habilitación del juzgado, finalmente comenzaron a observarse algunos movimientos: en las últimas semanas se procedió a pintar el frente del edificio y se realizó el ploteo correspondiente a la identificación del lugar. Sin embargo, más allá de estas acciones cosméticas, el edificio sigue cerrado y sin actividad operativa.

Desde la UEJN reiteran que la demora no solo representa una pérdida de recursos del erario público, sino que afecta el acceso a la justicia en una ciudad clave de frontera como Iguazú, donde los delitos federales, como narcotráfico, trata de personas y contrabando, requieren una respuesta inmediata.

Además, en el mismo inmueble también funciona la Defensoría Federal, lo que resalta aún más la necesidad de habilitación integral del espacio. “No hay razones para que, pasados nueve meses de alquiler, el Juzgado siga sin estar en funciones”, expresaron fuentes judiciales.

La comunidad de Iguazú sigue esperando respuestas concretas, mientras el impuesto de los contribuyentes financia un edificio sin uso, pintado y ploteado… pero aún cerrado.

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