Iguazú (LaVozDeCataratas) En la sesión ordinaria de este jueves, el Concejo Deliberante de Iguazú aprobó una ordenanza que fija los nuevos valores del Transporte Público Urbano de Pasajeros, los cuales comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2026.
La decisión se tomó tras el análisis del estudio de costos presentado por la empresa prestataria del servicio. Si bien dicho informe fundamentaba un pedido de incremento tarifario, el cuerpo deliberativo resolvió no aplicar el porcentaje solicitado, priorizando el interés general y el impacto económico que el aumento podría tener en los usuarios.
Desde el Concejo se remarcó la responsabilidad institucional de garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del servicio, atendiendo al mismo tiempo la situación económica de los vecinos. En ese marco, se tuvo en cuenta el contexto inflacionario actual, la deuda que el Estado mantiene en concepto de subsidios con la empresa y la desregulación del precio de los combustibles, factores que generaron un fuerte incremento en los costos operativos.
Nuevas tarifas a partir de enero de 2026
Según lo establecido en la ordenanza, los valores del transporte urbano serán los siguientes:
-
Boleto único con tarjeta del sistema electrónico: $1.600
-
Boleto único sin tarjeta del sistema electrónico: $2.000
-
Servicio Iguazú – Cataratas: $10.000
-
Servicio Iguazú – Cataratas para residentes de Iguazú y trabajadores del Área Cataratas: $3.000
Continúan los beneficios y servicios gratuitos
La norma aprobada ratifica además la continuidad de los servicios gratuitos para distintos sectores de la comunidad. Mantendrán el beneficio:
-
Estudiantes de la Universidad Latinoamericana (UNILA) incluidos en la nómina de la empresa
-
Promotores de Salud que prestan servicio en la ciudad
-
Personal de las Fuerzas de Seguridad con asiento en Puerto Iguazú
-
Jubilados de la ciudad
-
Estudiantes de nivel primario y secundario que acceden al Boleto Estudiantil Gratuito (BEG)
Con esta ordenanza, el Concejo Deliberante buscó equilibrar la necesidad de sostener el servicio de transporte público con la protección del bolsillo de los usuarios, en un contexto económico complejo, garantizando además la continuidad de los beneficios sociales vigentes.
