Puerto Libertad: Tekoa Okä Porã denuncia hostigamiento y se declara en resistencia por su territorio

Denuncian amenazas, intentos de desalojo y falta de intervención estatal, mientras reclaman el reconocimiento de sus derechos territoriales y la entrega de personería jurídica.

Iguazú (LaVozdeCataratas) La comunidad Mbya Guaraní Tekoa Okä Porã, ubicada en la zona del Lago Uruguaí, denunció nuevos hechos de hostigamiento y vulneración de sus derechos territoriales que atribuyen a la empresa Arauco S.A. y a intervenciones policiales. Ante la falta de respuestas estatales, sus integrantes se declararon en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales.

Según detallaron, los conflictos se intensificaron desde fines del año pasado, cuando trabajadores vinculados a la firma forestal habrían protagonizado amenazas e incluso la quema de sectores cercanos a las viviendas. El 6 de febrero de este año, indicaron, efectivos policiales junto a personal de la empresa se presentaron en el lugar alegando propiedad sobre las tierras e intentando reubicar a las familias en una zona inundable, sin instancia de consulta previa.

La comunidad señaló que durante las últimas semanas continuaron los episodios de tensión y remarcaron que solicitaron en reiteradas oportunidades la intervención del Estado provincial. Asimismo, cuestionaron la actuación de la Dirección de Asuntos Guaraníes, que se hizo presente recientemente con intenciones de mediar, aunque los pobladores reclaman una defensa efectiva de sus derechos y la entrega de la personería jurídica.

El territorio en disputa es considerado ancestral por la comunidad. En ese espacio, explicaron, se asentaba históricamente la Tekoa Chéiro, que fue desplazada tras la construcción de la represa Uruguaí. Actualmente, en Tekoa Okä Porã residen cinco familias, con un total de 19 personas, entre ellas niños y adultos mayores.

Desde la comunidad exigieron el cese de la violencia y el reconocimiento de su derecho a habitar el territorio, además de mejores condiciones de vida en materia de vivienda, acceso a servicios y educación. Organizaciones sociales que acompañan el reclamo recordaron que la posesión comunitaria indígena está reconocida por la Constitución Nacional y por convenios internacionales, como el 169 de la OIT.

En ese marco, también advirtieron sobre la concentración de tierras destinadas al monocultivo forestal en la provincia y su impacto sobre comunidades originarias y el ambiente.