Ya rige en Misiones el decreto que ordena exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios públicos

La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece controles anuales y aleatorios para autoridades, personal jerárquico y áreas sensibles del Estado. Además, invita a municipios, al Poder Legislativo, Judicial y organismos constitucionales a adherir con normativas similares. Esto abre la posibilidad de que comunas como Iguazú evalúen avanzar en medidas similares para funcionarios y agentes municipales.

Iguazú (LaVozDeCataratas) Entró oficialmente en vigencia en Misiones el decreto 776, que dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos a funcionarios y agentes de sectores estratégicos de la administración pública provincial.

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza al gobernador, vicegobernador, autoridades superiores, personal jerárquico de la administración central, integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado y empresas con participación estatal mayoritaria.

El alcance del decreto también se extiende a áreas consideradas sensibles, entre ellas efectivos de la Policía de Misiones, personal del Servicio Penitenciario Provincial, trabajadores del sistema de salud pública  y agentes vinculados a programas de prevención y asistencia en adicciones.

Según establece la normativa, los controles serán obligatorios, periódicos, anuales y también aleatorios, con el objetivo de fortalecer la transparencia institucional y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de funciones públicas.

Invitación a municipios, Legislativo y Judicial

Uno de los puntos destacados del decreto es lo establecido en el Artículo 10, donde el Ejecutivo provincial invita expresamente al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Organismos de la Constitución y a todos los municipios de Misiones a dictar, dentro del ámbito de sus competencias, normas concordantes con esta disposición.

La iniciativa fue refrendada por el Ministerio de Coordinación General de Gabinete y se enmarca en una política orientada a reforzar mecanismos de control dentro del Estado provincial.