Iguazú (LaVozDeCataratas) La Municipalidad de Iguazú oficializó este 13 de mayo su adhesión al Decreto Provincial N° 776/2026, mediante el cual se establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos para funcionarios y agentes públicos.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución N° 282/26, firmada por el Departamento Ejecutivo Municipal, y tiene como objetivo fortalecer las políticas de prevención vinculadas al consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales dentro de la administración pública.
Según establece el documento, los controles alcanzarán al intendente municipal, secretarios, directores, coordinadores, jefes de área, funcionarios políticos y personal jerárquico, quienes deberán someterse obligatoriamente a un examen toxicológico preventivo.
Además, la normativa extiende la disposición a trabajadores de áreas consideradas sensibles, entre ellas seguridad, tránsito, bromatología, salud pública municipal, inspecciones generales y otros sectores que determine la reglamentación.
El decreto establece que los exámenes deberán realizarse de manera anual y aleatoria, bajo procedimientos que garanticen “transparencia, igualdad de trato y confidencialidad”.
La primera evaluación deberá concretarse dentro de los próximos 90 días hábiles desde la publicación oficial de la resolución.
Entre las sustancias contempladas en los análisis figuran metabolitos de cannabinoides, cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, MDA y barbitúricos, salvo acreditación de prescripción médica.
Asimismo, la resolución señala que en caso de detectarse sustancias psicoactivas ilegales, la autoridad de aplicación deberá informar a la máxima autoridad del área correspondiente para adoptar las medidas administrativas previstas por la normativa vigente.
El texto también aclara que las actuaciones tendrán carácter reservado y deberán respetar el derecho de defensa, la confidencialidad y la protección de datos personales.
La implementación de los controles podrá realizarse mediante convenios con organismos públicos, laboratorios e instituciones médicas y bioquímicas, a fin de garantizar auditorías y procedimientos adecuados.
La adhesión municipal se enmarca en la política provincial impulsada para reforzar controles preventivos en la función pública y promover conductas acordes a la responsabilidad institucional de quienes ejercen cargos estatales.
