Iguazú (LaVozDeCataratas-Pamela Leite)  El Concejo Deliberante de Iguazú fue tapa en numerosos medios provinciales debido a la polémica generada en torno a una supuesta prohibición para tomar fotografías durante las sesiones. De este episodio pueden extraerse varias conclusiones, y ninguna resulta alentadora.

Por un lado, volvió a quedar en evidencia la importancia de una comunicación clara, precisa y responsable por parte de quienes tienen la tarea de transmitir decisiones institucionales. Cuando un mensaje se redacta de manera ambigua, incompleta o incorrecta, se abre la puerta a interpretaciones erróneas que terminan generando conflictos innecesarios y, muchas veces, son aprovechados por quienes buscan visibilidad rápida a través de la polémica.

Lo ocurrido no fue una prohibición para fotografiar las sesiones. La comunicación emitida hacía referencia a que la prensa y el público no debían ingresar al sector donde se ubican los concejales durante el desarrollo de la sesión, una disposición que existe desde hace tiempo y que es conocida por quienes asisten habitualmente al recinto. Los periodistas continuaron pudiendo tomar fotografías, grabar videos y realizar la cobertura correspondiente desde los espacios habilitados.

La diferencia parece mínima, pero en comunicación institucional las pequeñas diferencias pueden generar grandes crisis.

Quien tiene a su cargo la relación con los medios debe comprender que las palabras importan. No alcanza con transmitir una disposición; es necesario hacerlo de manera clara, precisa y contextualizada. Cuando una comunicación oficial genera más dudas que certezas, el problema no está solamente en quien la interpreta, sino también en quien la emite.

La idoneidad para ocupar un cargo no se demuestra repitiendo prohibiciones ni generando tensiones innecesarias, sino comunicando correctamente las normas y facilitando el trabajo de todos los actores involucrados.

Sin embargo, la responsabilidad no termina allí.

También resulta preocupante la rapidez con la que algunos medios y comunicadores adoptaron la versión más escandalosa sin detenerse a verificar qué estaba ocurriendo realmente. La pregunta es inevitable: ¿fue falta de chequeo o simple oportunismo?

Se habló de censura, de restricciones a la prensa y de un supuesto ataque a la libertad de expresión sin que muchos de quienes opinaban conocieran siquiera la dinámica habitual de las sesiones del Concejo Deliberante.

El periodismo tiene la obligación de cuestionar al poder, pero también tiene la obligación de verificar antes de denunciar. La defensa de la libertad de prensa pierde fuerza cuando se sostiene sobre interpretaciones apresuradas, información incompleta o datos tergiversados.

No todo error administrativo constituye censura, del mismo modo que no toda crítica periodística puede interpretarse como persecución.

Lo sucedido demuestra que la desinformación no siempre nace de una intención deliberada. Muchas veces surge de una combinación peligrosa entre una comunicación deficiente y una cobertura superficial. El resultado es siempre el mismo: la ciudadanía recibe una versión distorsionada de los hechos.

Pero existe un aspecto aún más preocupante que el error puntual de una persona.

Las instituciones son responsables de elegir a quienes las representan y comunican. Cuando se colocan en puestos estratégicos personas que no cuentan con la preparación, la experiencia o el criterio necesarios, los errores terminan siendo inevitables.

En este caso, la controversia no nació de una decisión del Concejo Deliberante, sino de una comunicación deficiente de quien tenía la responsabilidad de transmitir correctamente una disposición interna. Sin embargo, quien terminó pagando el costo político fue la institución completa, que quedó expuesta ante la opinión pública como si hubiera intentado restringir el trabajo de la prensa.

Cuando una institución debe salir a aclarar lo que uno de sus propios representantes comunicó de manera incorrecta, queda en evidencia un problema de gestión. Y cuando además se producen cambios permanentes en áreas sensibles como prensa y comunicación —con dos responsables diferentes en menos de dos meses— la situación deja de parecer un hecho aislado para convertirse en un síntoma de improvisación.

Las designaciones basadas en afinidades personales, compromisos políticos o relaciones de confianza pueden formar parte de la dinámica de cualquier gestión. Lo que nunca deberían reemplazar es la idoneidad.

La comunicación institucional requiere conocimiento, criterio, responsabilidad y capacidad de anticipar consecuencias. De lo contrario, los errores individuales terminan convirtiéndose en crisis institucionales que podrían haberse evitado con una condición básica: poner a las personas adecuadas en los lugares adecuados.