Iguazú (LaVozDeCataratas)  La reciente detención de una joven madre en Iguazú, sorprendida en flagrancia mientras intentaba cometer un robo por segunda vez en la misma vivienda, volvió a poner en evidencia una problemática creciente y de difícil abordaje para el sistema penal y la comunidad: el creciente número de mujeres jóvenes con problemas de adicciones implicadas en delitos contra la propiedad.

La mujer fue aprehendida por la Policía local mientras intentaba ingresar nuevamente a una casa del barrio Santa Rosa, donde ya había sustraído elementos días atrás. La propietaria, alertada por ruidos extraños y recordando el episodio anterior, notificó a la fuerza y permitió que el operativo se desarrollara, terminando con la mujer reducida y trasladada a sede policial.

Sin embargo, este tipo de casos representa un desafío doble para el sistema judicial. Muchas de estas mujeres son madres de niños pequeños, en su mayoría menores de cinco años, lo que las coloca bajo regímenes legales especiales que dificultan su detención prolongada. Además, las comisarías locales carecen de celdas adecuadas para alojar mujeres.

Hay una tendencia preocupante que lo reflejamos a diario en LaVozdeCataratas en videos captados por cámaras de vigilancia, donde mujeres jóvenes, atrapadas en contextos de consumo problemático de sustancias, que terminan involucradas en hechos delictivos por necesidad, por presión de su entorno o como parte de una dinámica de supervivencia.

Este patrón no solo plantea interrogantes en materia de seguridad, sino también en términos sociales y de salud pública. Las mujeres con adicciones que cometen delitos enfrentan una doble vulnerabilidad: por un lado, la del sistema penal que no está preparado para contenerlas ni tratarlas adecuadamente; y por otro, la del rol materno que muchas aún sostienen, incluso en contextos de deterioro profundo.

Distintos operadores del sistema judicial reconocen que se requiere con urgencia una respuesta articulada que combine tratamiento por consumo problemático, dispositivos específicos de contención para mujeres en conflicto con la ley y políticas de protección para sus hijos. Hoy se convierten en una puerta giratoria: entran por un delito menor, salen a las pocas horas, y vuelven a reincidir. No hay intervención real que corte ese ciclo.

El caso de Santa Rosa no es aislado. Se han reportado varios hechos similares en lo que va del año, todos protagonizados por mujeres en situación de consumo, sin contención, sin tratamiento, y sin un sistema que las incluya.