Iguazú (LaVozDeCataratas-Kelly Ferreyra) Detrás de esas imágenes hay una realidad incómoda: una persona sin contención, sin asistencia sostenida y, según pudo saber LaVozDeCataratas, sin acompañamiento efectivo de su entorno familiar.
La intervención, cuando ocurre, es siempre la misma. Se da aviso a las autoridades, actúa la Policía o algún servicio de salud, la retiran del lugar, se contiene el momento… y días después, vuelve a aparecer en la calle. El circuito se repite. La solución, no.
Pero en este caso, además, se suma un elemento que agrava la situación: la exposición y las burlas.
La mujer no solo atraviesa una crisis, sino que también se convierte en objeto de videos, comentarios y risas, amplificando aún más su vulnerabilidad.
La pregunta es inevitable: ¿por qué nadie puede intervenir de manera definitiva? La respuesta está, en gran parte, en el marco legal vigente.
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 establece que las personas con padecimientos mentales deben ser tratadas desde una perspectiva de derechos humanos, priorizando su inclusión social y evitando internaciones innecesarias.
En ese sentido, la normativa es clara: no se puede internar a una persona contra su voluntad, salvo que exista un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Además, las internaciones deben ser excepcionales, breves y bajo intervención judicial y de equipos interdisciplinarios.
Esto genera una situación compleja en casos como el de Iguazú. Una persona puede estar completamente expuesta, en condiciones extremas, pero si no encuadra dentro de los criterios legales, no puede ser obligada a recibir tratamiento.
El resultado es visible: intervenciones momentáneas que no logran sostenerse en el tiempo.
A este escenario se suma otro problema estructural: la falta de dispositivos de acompañamiento continuo.
La ley plantea un modelo de atención comunitaria, pero en la práctica no siempre existen los recursos, espacios ni equipos suficientes para sostener esos procesos. Así, el sistema responde al episodio… pero no al problema de fondo.
En paralelo, queda en evidencia otro vacío: el rol del entorno cercano.
Cuando la familia no logra, o no puede, intervenir, la persona queda aún más expuesta, dependiendo exclusivamente de un sistema que ya muestra sus límites. Y en el medio, la sociedad.
Filmar, compartir y viralizar no es ayudar. Exponer a una persona en crisis no resuelve nada. El desafío es otro: visibilizar sin vulnerar, exigir respuestas sin convertir el dolor ajeno en espectáculo.
La discusión sobre la Ley de Salud Mental sigue abierta a nivel nacional. Pero en Iguazú, la escena es concreta y se repite: personas en situación de crisis, solas, expuestas y sin una respuesta sostenida.
El problema no es individual. Es estructural. Y mientras no haya articulación real, recursos suficientes y decisiones que vayan más allá de lo momentáneo, la historia va a seguir siendo la misma: no en los papeles, sino en la calle.
