Iguazú (LaVozDeCataratas) El comercio ilegal continúa expandiéndose en Argentina y ya representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), convirtiéndose en uno de los principales desafíos para la industria nacional, el comercio formal y la recaudación del Estado.

La problemática fue uno de los ejes del V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, donde empresarios y especialistas advirtieron sobre el crecimiento sostenido del contrabando en el país. Según el último informe de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), el comercio ilícito ya equivale al 5% del PIB tanto en Argentina como en Brasil.

En ese contexto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, sostuvo que «nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles», al referirse al avance del comercio ilegal.

Uno de los rubros más afectados es el de la tecnología. María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, aseguró que uno de cada tres teléfonos celulares que ingresan al mercado argentino proviene del contrabando, lo que representa cerca de tres millones de equipos por año. Además, precisó que estos dispositivos explican entre el 5% y el 15% de todo el comercio ilegal.

Otro informe, elaborado por la consultora MAP, estima que el Estado argentino dejó de percibir alrededor de US$2.300 millones en ingresos fiscales como consecuencia del crecimiento del contrabando. Entre los productos más afectados también aparecen las bebidas alcohólicas, el tabaco y los textiles.

En el caso de los cigarrillos, la situación también preocupa. Según datos expuestos durante el encuentro, tres de cada diez cigarrillos consumidos en América Latina son ilegales. «El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado», afirmó Juan José Benítez, gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina.

 Iguazú, una puerta estratégica para el contrabando

Dentro de ese panorama nacional, Iguazú ocupa un lugar central. Su ubicación en la Triple Frontera, conectada con Brasil a través del Puente Internacional Tancredo Neves y a pocos kilómetros de Ciudad del Este, Paraguay, la convierte desde hace años en uno de los principales corredores de ingreso de mercadería ilegal hacia la Argentina.

A ello se suma la extensa frontera fluvial sobre los ríos Iguazú y Paraná, donde históricamente se detectan cruces clandestinos utilizados para transportar productos sin controles aduaneros.

En la ciudad también opera una extensa red de los denominados «paseros», personas que ofrecen el traslado de mercadería importada hacia distintos puntos del país. A través de redes sociales y aplicaciones de mensajería promocionan envíos de celulares, perfumes, electrónica, neumáticos, ropa, bebidas y otros productos ingresados de manera irregular desde Paraguay y Brasil.

Un reciente informe de la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ubica a  Iguazú como uno de los corredores emergentes del contrabando en la Triple Frontera. La investigación describe que las mercaderías ingresan desde Paraguay a través de pasos clandestinos terrestres y fluviales, son trasladadas por los paseros y, en muchos casos, se almacenan en galpones ubicados del lado argentino antes de continuar su distribución.

El estudio sostiene que estas rutas son administradas principalmente por clanes familiares asentados en la región, que operan en puertos ilegales sobre los ríos Paraná e Iguazú y han desarrollado una logística capaz de adaptarse permanentemente para eludir los controles

Las fuerzas federales y la Aduana realizan periódicamente importantes procedimientos en la zona. Los secuestros de teléfonos celulares, equipos electrónicos, neumáticos y otras mercaderías ocultas en vehículos o transportadas por vía fluvial reflejan la magnitud del fenómeno.

Durante el encuentro empresarial también se advirtió que las economías criminales son cada vez más sofisticadas y que las redes utilizadas para ingresar mercadería de contrabando suelen ser las mismas que emplean otras organizaciones dedicadas a delitos complejos.

«Debemos comprender que hoy las economías criminales son cada vez más sofisticadas. El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico», señalaron durante la jornada.

Finalmente, desde el Ministerio de Seguridad reafirmaron el compromiso de profundizar la lucha contra estas organizaciones: «Cuando protegemos el comercio legal protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores».